Cataluña y País Vasco no recibirán migrantes no acompañados por el pacto con Sánchez
Cataluña y País Vasco quedan fuera del reparto obligatorio de menores migrantes desde Canarias, mientras Aragón rechaza acoger más por saturación y mantiene su recurso en el Constitucional.
El Gobierno central ha cerrado el reparto de 3.975 menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y Ceuta, una cifra reducida desde los 4.400 previstos inicialmente. Este ajuste ha dejado fuera del reparto a Cataluña y País Vasco, comunidades que, si bien no participarán de forma obligatoria, sí han expresado su disposición a acoger voluntariamente a algunos menores. En el caso catalán, se ha confirmado la acogida de 31 menores, aunque no se les haya asignado cupo oficial.
Este nuevo reparto se realiza en virtud de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada por decreto con el apoyo de Junts, que establece que las comunidades con menor implicación en la acogida de menores deberán asumir un mayor esfuerzo en situaciones de emergencia humanitaria como la que vive el archipiélago canario.
El acuerdo, largamente negociado y marcado por la tensión política, implica que Madrid y Andalucía asuman la mayor parte de los traslados. En total, 17 comunidades y las dos ciudades autónomas participarán en el proceso, financiado con 100 millones de euros que se distribuirán proporcionalmente.
LA POSTURA DE ARAGÓN: "ACOGER MÁS ES INVIABLE"
Frente a esta situación, el Gobierno de Aragón ha reiterado su negativa a acoger nuevos menores, argumentando una situación de saturación estructural en su red de protección. Desde finales de 2023, la comunidad ha alertado del colapso en sus recursos: más de 490 menores tutelados, una ocupación del 207 % sobre las plazas disponibles, déficit de personal y presupuesto insuficiente.
Aragón ha sido asignada inicialmente una cuota de 251 menores, con una dotación económica prevista de 3,6 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo autonómico considera claramente insuficiente. Por este motivo, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que regula el reparto, alegando que vulnera competencias autonómicas, rompe el principio de igualdad entre comunidades y responde a criterios más políticos que sociales.
El Gobierno aragonés también ha denunciado una falta de coordinación con el Ejecutivo central, criticando que el reparto se haya gestionado con “filtros interesados” y sin tener en cuenta el interés superior del menor. Según defiende, la llegada constante de menores migrantes tanto por vías oficiales como encubiertos dentro de programas de asilo ha colapsado sus capacidades logísticas y humanas.
EXPECTACIÓN ANTE LA CONFERENCIA SECTORIAL
La próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para el 8 de julio, será clave para definir cómo se implementa el reparto. Allí se terminarán de ajustar los cupos, los recursos y la planificación de traslados. Sin embargo, varias comunidades, entre ellas Aragón, ya han dejado claro que no acatarán sin condiciones las obligaciones que se les impongan.
En un escenario marcado por la tensión política, el reparto de menores migrantes se ha convertido en un asunto de alta sensibilidad institucional. Mientras algunas comunidades apelan a la solidaridad interterritorial, otras denuncian una imposición centralista que no respeta la capacidad real de sus servicios sociales.
La gestión de esta crisis humanitaria, que ya ha durado más de un año en Canarias, seguirá siendo uno de los ejes de conflicto entre el Gobierno central y varios ejecutivos autonómicos durante los próximos meses.
