El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional el 'no' de Aragón a la acogida de menores migrantes
El enfrentamiento entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico de Aragón ha dado un nuevo paso este martes, después de que el Consejo de Ministros aprobara interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Gobierno aragonés de no colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados. Esta comunidad ha sido la única que no ha remitido la información requerida por el Ministerio de Juventud e Infancia sobre los menores atendidos en su sistema de protección.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido la encargada de anunciar el recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Gobierno de Aragón se niega a cumplir con la ley y a colaborar en la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados", ha señalado Alegría, que ha recordado que el Real Decreto-Ley que regula el reparto fue aprobado el 18 de marzo y, como tal, es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional.
El plazo para presentar los datos finalizó el pasado 31 de marzo, y aunque algunas comunidades como Madrid remitieron la información de forma parcial, solo Aragón se ha desmarcado completamente del proceso. La ministra también explicó que el Ejecutivo ha vuelto a solicitar los datos el pasado 6 de mayo, otorgando un nuevo margen a las comunidades autónomas para colaborar en este reparto solidario.
Desde Zaragoza, la respuesta no se ha hecho esperar. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha reafirmado la postura del Ejecutivo regional, presidido por Jorge Azcón, y ha defendido la negativa a enviar los datos exigidos por el Ministerio. Vaquero ha insistido en que el Gobierno aragonés ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto que obliga a las comunidades a participar en el reparto de menores, argumentando que conculca el principio de igualdad entre territorios.
"Nos defendemos del Gobierno de Pedro Sánchez, que está incumpliendo la ley y favoreciendo a determinadas comunidades por intereses políticos", ha afirmado Vaquero. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de delegar decisiones de política migratoria en formaciones como Junts, y ha llegado a referirse al líder de esta formación, Carles Puigdemont, como “un prófugo de la justicia”.
La vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno de Aragón actuará siempre dentro del marco legal y está dispuesto a acatar las resoluciones judiciales que se deriven del conflicto. “Respetaremos lo que diga la Justicia, pero vamos a defender los intereses de los aragoneses”, ha dicho, al tiempo que ha reiterado que la comunidad autónoma considera que está siendo tratada de forma desigual respecto a otras regiones.
Este pulso entre administraciones se produce en un contexto de presión migratoria creciente, especialmente en Canarias, cuya capacidad de acogida se ha visto desbordada en los últimos meses. El Gobierno central defiende el reparto de menores no acompañados como una medida de solidaridad y corresponsabilidad territorial, destinada a aliviar a las comunidades más afectadas.
El conflicto político y jurídico queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá dirimir si el Real Decreto vulnera las competencias autonómicas, como sostiene el Gobierno aragonés, o si prevalece el principio de solidaridad interterritorial y el interés superior del menor, tal y como defiende el Ejecutivo central.
