Las CCAA bajan ratios escolares ante la inacción del Gobierno
La mayoría de comunidades autónomas han comenzado a aplicar reducciones significativas.
La reducción del número de alumnos por clase se ha convertido en una prioridad para muchas comunidades autónomas, que están aplicando nuevas ratios más bajas en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Estas decisiones, en la mayoría de los casos pactadas con los sindicatos, responden tanto a la caída de la natalidad como a la presión del profesorado y las familias. Mientras tanto, el Ministerio de Educación mantiene sin cambios el decreto de 2010, que permite ratios máximas de 25 alumnos en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato.
Quince comunidades han aprobado medidas para reducir estas cifras. Galicia, por ejemplo, ha fijado por ley un máximo de 20 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en ESO y 30 en Bachillerato. Castilla-La Mancha y Asturias también han aplicado reducciones significativas. Incluso regiones con alta densidad, como Madrid o Cataluña, han comenzado a limitar el tamaño de los grupos.
Además, en territorios rurales o en riesgo de despoblación, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, se aplican ratios aún más bajas, llegando a aulas con menos de 10 alumnos. En Andalucía, se ha establecido un sistema que contabiliza por dos a los alumnos con necesidades especiales, lo que permite adaptar aún más el tamaño de los grupos.
A pesar de esta tendencia generalizada, el Gobierno central no ha actualizado la normativa estatal. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha prometido presentar una propuesta por escrito en septiembre, tras meses de negociación con los sindicatos. Estos reclaman un máximo de 20 alumnos en Infantil y Primaria y 25 en Secundaria y Bachillerato.
Expertos como Ismael Sanz, de Funcas, señalan que reducir la ratio tiene efectos positivos, especialmente en centros con mayor complejidad social. Sin embargo, advierte que el crecimiento de la población inmigrante podría frenar la bajada de alumnos en los próximos años, lo que obligaría a reforzar recursos como las aulas de integración.
Las CCAA siguen avanzando por su cuenta, mientras el Ejecutivo central permanece sin actuar sobre una medida que puede ser clave para mejorar la calidad educativa.
