Detienen a 7 marroquís que explotaban a 45 temporeros ilegales de su mismo país en La Rioja
Una red de explotación laboral ha sido desmantelada en La Rioja tras la detención de siete personas acusadas de explotar a trabajadores agrícolas en situación irregular, entre ellos tres menores. La operación, desarrollada por la Guardia Civil, ha permitido liberar a al menos 45 temporeros marroquíes que vivían y trabajaban en condiciones precarias en distintos municipios de la Rioja Baja.
Los arrestados, seis hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 28 y los 50 años, todos de origen marroquí, están siendo investigados por presuntos delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Según explicó en rueda de prensa el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, la red captaba a compatriotas en situación vulnerable en diferentes puntos de España para emplearlos en explotaciones agrícolas de la región.
LA INVESTIGACIÓN COMENZÓ EN JULIO
La investigación, bautizada como operación 'Landwrt', se inició a principios de julio, cuando agentes de la Policía Judicial tuvieron conocimiento, a través de una denuncia, de la existencia de un grupo criminal asentado en Rioja Baja. Este entramado utilizaba empresas, inmuebles y terrenos agrícolas para mantener un sistema organizado de explotación laboral de personas sin permiso de residencia ni contrato de trabajo.
Los agentes identificaron a tres hombres como responsables principales de la red. Desde La Rioja, extendían sus actividades a otras zonas del sur del país, donde reclutaban a personas en situación irregular. Una vez trasladados a la región, los trabajadores eran alojados en viviendas con graves deficiencias de habitabilidad y quedaban bajo la vigilancia constante de personas de confianza de la organización.
Las labores que desempeñaban los temporeros incluían tareas agrícolas como la poda, el desbroce y la recolección de frutas y verduras. Carecían de contrato laboral y, en muchos casos, no recibían la remuneración prometida. Cuando sí cobraban, lo hacían en efectivo y por cantidades simbólicas, como un euro por cada kilo de piparra recolectado. Además, debían abonar sumas abusivas por su alojamiento: 150 euros por compartir espacio o 50 euros únicamente por disponer de un colchón en lugares insalubres.
Este sistema generaba una fuerte dependencia hacia los cabecillas de la red, que les ofrecían falsas esperanzas de regularizar su situación en España. Durante la operación se constató que, al menos, 45 trabajadores eran explotados en estas condiciones. Muchos de ellos intentaron escapar campo a través al percatarse de la presencia de los agentes durante los registros.
MENORES ENTRE LOS TRABAJADORES
La Guardia Civil también confirmó que entre los trabajadores había tres menores de 12, 15 y 17 años, que realizaban las mismas tareas y sufrían las mismas condiciones que los adultos. En uno de los registros efectuados en viviendas vinculadas a la organización, los agentes encontraron a 15 personas hacinadas. En una de las estancias, cerrada con candado desde el exterior, localizaron a un matrimonio que dormía sobre un colchón en el suelo, con apenas una pequeña ventana de 30 a 40 centímetros como única fuente de ventilación.
En total, se llevaron a cabo registros en cinco viviendas y cinco naves industriales. Como resultado, se incautaron 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación que está siendo analizada y dos vehículos. La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure, acompañaron a Sáez en la presentación de los detalles de la operación ante los medios de comunicación.
Las autoridades destacan que la investigación ha permitido desarticular una organización que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de compatriotas sin recursos, sometiéndolos a condiciones de trabajo y de vida incompatibles con la legalidad. El caso ha sido puesto a disposición judicial, y continúa el análisis de la documentación intervenida para determinar la posible implicación de otras personas y empresas en la red.
