El Estado retrasa la segunda derivación de menores migrantes desde Canarias por un problema administrativo

La segunda derivación de menores migrantes no acompañados desde Canarias a la península, prevista para esta semana, no se llevará a cabo por problemas administrativos del Estado con la apertura de un centro de acogida en la península. Así lo ha confirmado este martes la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, tras una nueva reunión de la comisión interadministrativa de seguimiento para la derivación de estos menores.

Según explicó Rodríguez, el contratiempo se debe a que el Estado pretendía cerrar las plazas con una entidad el pasado viernes, pero al ser festivo no se obtuvo la autorización necesaria para abrir el centro. “El calendario para esta semana ya no se ha cumplido. En la primera salida —este lunes, 11 de agosto— solo han salido 10 menores y los 15 que estaban previstos para finales de esta semana no se van a producir”, señaló.

La directora autonómica lamentó que, cinco meses después de iniciarse el proceso, el Gobierno central sigue sin resolver la creación de las 1.200 plazas comprometidas y que debe ahora buscar alternativas. “Esta reunión no ha servido para nada, no ha habido avances respecto a lo que se nos dijo hace una semana”, afirmó, recordando que el compromiso del Estado era realizar dos derivaciones semanales con entre 15 y 20 menores en cada una, cifra que ahora se ha reducido a 10-15.

Falta de protocolo y coordinación

Rodríguez subrayó que uno de los grandes problemas es la ausencia de un protocolo claro para los traslados. Esto provocó que en la primera derivación hubiera retrasos, ya que el Estado no había previsto que los menores no pueden viajar solos y deben ir acompañados por técnicos educativos durante todo el trayecto. “La autorización se la dimos en una hora cuando nos respondieron al requerimiento, pero la previsión debía estar hecha desde el inicio”, recalcó.

Además, criticó la falta de coordinación entre los distintos ministerios implicados —Interior, Inclusión, Infancia y Política Territorial— y la improvisación en la organización. “¿De verdad no sabían que hay que indicar el día exacto en que van a salir los menores o que se necesitan educadores para el traslado?”, se preguntó.

Calendario insuficiente y presión creciente

Canarias insiste en disponer de un calendario de traslados y de un compromiso por escrito del número de menores que serán derivados cada semana. Según Rodríguez, el Estado se ha comprometido a entregar un calendario de derivaciones para agosto y la primera semana de septiembre, aunque esto “no da respuesta” a lo que exigen y a lo que dictan los autos del Tribunal Supremo (TS), que obligan a repartir a estos menores por todo el territorio nacional.

La situación se agrava porque, mientras han salido 10 menores con protección internacional, han llegado 15 nuevos al sistema de protección canario solo entre el domingo y el lunes, lo que mantiene la presión sobre los centros de acogida y otros servicios públicos como sanidad y educación. Actualmente, en el centro de tránsito Canarias 50 hay 142 menores que aún no han sido evaluados, pese a que el compromiso era que su estancia no superara los 15 días.

Más centros, pero mismas carencias

Rodríguez recordó que Canarias ha pasado de 39 centros de acogida para menores en 2023 a 85 en la actualidad, pero que la capacidad está desbordada. Además, reprochó al Estado comentarios sobre los niveles de ocupación —“la red de adultos está al 86% y Canarias al 750%”— y subrayó que no se trata de competir por “quién está peor”, sino de cumplir con las obligaciones legales.

En paralelo, el Ejecutivo canario ha conseguido que el Estado acepte que las chicas con derecho de asilo sean atendidas y valoradas en los dispositivos de Canarias y no en el centro de tránsito, lo que permitirá dar respuesta en paralelo a esta vía de traslado.

Rodríguez concluyó asegurando que el Gobierno canario colaborará siempre en el proceso porque es el tutor legal de los menores, pero advirtió de que, si no se adoptan medidas más efectivas antes del 1 de septiembre, lo reflejarán en el próximo informe al TS para que este “dé el último tirón de orejas” al Estado.