Fin al pago con tarjeta: las compras con este método de pago pasan por Hacienda
El dinero en efectivo había ido perdiendo terreno frente a los pagos con tarjeta, pero una nueva medida podría revertir la tendencia. El Gobierno de España está preparando un decreto para controlar más de cerca las transacciones con tarjetas bancarias, lo que podría hacer que muchos ciudadanos reconsideren el uso del dinero físico, ya que este es mucho más difícil de controlar.
HACIENDA CONRROLARÁ LOS PAGOS CON TARJETA A PARTIR DE 2026
El ciudadano no deberá hacer nada, ningún trámite en su declaración de la renta adicional. El objetivo de esta regulación es que los bancos informen a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito cuando superen un límite anual de 25.000 euros. Esta información se presentará en una declaración anual, de manera automática y sin que los usuarios tengan que realizar ningún trámite adicional.
¿Cuándo entrará en vigor esta medida?
Aunque la propuesta aún debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, se prevé que no entre en vigor hasta 2026. Este año 2025 será clave para la discusión y ajuste de los detalles de la normativa.
POSIBLES MULTAS POR NO DECLARAR LOS PAGOS CON TARJETA
El control de pagos con tarjeta por parte de la Agencia Tributaria podría conllevar sanciones para quienes superen el límite anual y no cumplan con sus obligaciones fiscales. Aunque aún no se han detallado las posibles multas de Hacienda en estos casos, se espera que el incumplimiento de la normativa conlleve penalizaciones económicas graves.
No solo los ciudadanos se han sorprendido con esta propuesta, sino también economistas como Gonzalo Bernardos, quien aseguró hace unos meses que "Hacienda no mira lo que gasta cada ciudadano al mes". Sin embargo, esta iniciativa podría cambiar esa percepción totalmente.
¿Un retroceso hacia el uso del dinero en efectivo?
Esta nueva regulación podría hacer que muchos consumidores opten por volver a utilizar dinero en efectivo para evitar que sus transacciones sean analizadas por la AEAT. A medida que la digitalización avanza, esta medida plantea un debate sobre la privacidad financiera y el control estatal.
