El Supremo tumba el registro de pisos turísticos y abre la puerta a una oleada de reclamaciones contra el Estado
El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de pisos turísticos que había creado el Gobierno, porque considera que no tenía competencia para imponerlo a nivel estatal.
A partir de esta decisión, se abre la posibilidad de que algunos propietarios reclamen al Estado el dinero que pagaron en tasas o incluso las pérdidas que sufrieron al no poder alquilar sus viviendas mientras el registro estaba en vigor.
A raíz de esta anulación, el sector del alquiler vacacional ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que se produzca una oleada de demandas contra la Administración.
Asociaciones del sector señalan que miles de propietarios se vieron obligados a inscribirse en el registro, pagar tasas obligatorias o incluso retirar sus anuncios de plataformas digitales al no disponer del número exigido.
En total, el sistema llegó a incluir más de 340.000 viviendas, entre pisos turísticos y alquileres de temporada, lo que da una idea de su alcance. Durante su funcionamiento también se detectaron miles de contratos considerados irregulares, según datos del propio Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, los expertos advierten de que no será fácil demostrar esos daños ni conseguir las indemnizaciones que se piden. Solo en tasas y trámites administrativos, el sistema habría generado decenas de millones de euros, a los que se suman los ingresos obtenidos por la expedición de números de registro y otros procedimientos asociados.
Cómo funciona el registro único
El registro único de arrendamientos de corta estancia era una base de datos creada por el Gobierno para controlar los pisos turísticos y alquileres de temporada en toda España.
En la práctica, obligaba a los propietarios a inscribir su vivienda para poder anunciarla en plataformas como alquiler vacacional. Al hacerlo, se les asignaba un número de registro que debían mostrar en los anuncios.
La idea era frenar el alquiler ilegal y tener un control centralizado, pero el Tribunal Supremo lo ha anulado porque considera que ese control debería ser competencia de las comunidades autónomas, no del Estado.
