La Fiscalía no considera prisión para Ábalos tras rechazar declarar ante el juez del Supremo
La comparecencia del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo dejó este miércoles una imagen inusual y un movimiento procesal de alto voltaje político.
El que fuera número tres del PSOE se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, y la Fiscalía optó por no solicitar prisión provisional, a la espera de evaluar la evolución del caso y el desarrollo de las próximas diligencias. Pese a la ausencia de petición fiscal, el instructor anunció que revisará su situación de libertad a la luz del último informe policial, que siembra dudas sobre gastos atribuibles a Ábalos por 95.437 euros.
Ábalos se niega a declarar en el Supremo
La cita estuvo precedida por un giro en la defensa del exministro. Ábalos llegó a la sede judicial de Marqués de la Ensenada sin su abogado, José Aníbal Álvarez, quien renunció a la representación en las horas previas por “diferencias irreconducibles”. En un escrito al Supremo, el letrado advirtió de que dichas discrepancias no eran puntuales, sino “una constante”, hasta el punto de que el exministro habría tenido que preparar por sí mismo su eventual declaración.
Ya en vísperas de la comparecencia, Ábalos solicitó un abogado de oficio, petición que el juez rechazó de plano, al apreciar un intento de eludir su obligación de comparecer y calificar la maniobra como “fraude de ley”.
El proceso se desarrolla con medidas cautelares ya impuestas sobre Ábalos y su exasesor Koldo García —que declarará este jueves—: prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales. En su última visita al alto tribunal, las acusaciones populares llegaron a solicitar prisión, posibilidad que la Fiscalía mantiene en estudio en función de cómo avance el procedimiento y de la conducta procesal de los investigados.
El detonante de la nueva comparecencia fue un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, además de poner el foco en los gastos bajo sospecha, detectó pagos en efectivo del PSOE que no encajarían con la documentación remitida por el partido al juez. El documento incorporó, asimismo, referencias a un presunto lenguaje en clave entre los investigados: “chistorras” para billetes de 500 euros, “soles” para 200, “lechugas” para 100 o “folios” como término genérico.
La estrategia de silencio adoptada ahora por Ábalos contrasta con su pauta en tres comparecencias anteriores, en las que sí declaró y negó cualquier conducta delictiva. Fuentes consultadas señalan que el ya exabogado pretendía mantener esa línea de colaboración activa con el tribunal, un extremo que podría haber precipitado la ruptura con el cliente ante el deseo del exministro de guardar silencio en esta ocasión.
El magistrado Puente dejó claro que la revisión de la situación personal del exministro no es un mero trámite. En el horizonte se barajan desde el mantenimiento de las actuales medidas cautelares hasta la imposición de nuevas restricciones, siempre en función del riesgo de fuga, la posible reiteración delictiva o la obstrucción a la investigación. Por ahora, el Ministerio Público no ha dado el paso de solicitar el ingreso en prisión, pero mantiene el semáforo en ámbar a la espera de nuevas piezas de convicción.
El caso mantiene en paralelo el foco sobre Koldo García, cuya declaración servirá para completar el encaje de esta trama bajo investigación y contrastar los elementos que la UCO ha ido aportando en sus sucesivos informes. El señalamiento de pagos opacos y claves coloquiales en comunicaciones internas alimenta la sospecha de una caja en efectivo difícil de rastrear, extremo que las defensas niegan.
En términos políticos, el silencio de Ábalos y la fractura con su abogado añaden una capa de incertidumbre a un expediente que mezcla contabilidad, cash y control externo y que promete nuevas etapas procesales. Con el juez abriendo la puerta a revaluar las medidas y la Fiscalía en modo espera activa, la causa entra en una fase decisiva en la que cada gesto —declarar o callar, aportar documentos o impugnarlos— puede tener consecuencias sobre la libertad del exministro y el timing del procedimiento. Por ahora, la única certeza es que el tablero se mueve y que el Supremo no piensa congelar el caso.
