El fraude para acceder al centro y evitar la zona de bajas emisiones
La implantación progresiva de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda España está generando un nuevo tipo de problemática relacionada con el fraude documental. Con el avance de estas áreas con restricciones de circulación, diseñadas para reducir los niveles de contaminación en los núcleos urbanos, también ha surgido una respuesta por parte de redes criminales que buscan sacar provecho del nuevo escenario regulatorio.
Las ZBE no solo representan un cambio en la movilidad urbana, sino que implican una adaptación obligatoria para millones de conductores en el país. Aunque su implementación ha sido desigual, el impulso gubernamental es claro. Según la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el número de ZBE activas aún es limitado, actualmente en torno a 54, pero al menos 95 ciudades se encuentran en la fase final de tramitación para ponerlas en marcha. Además, el Ejecutivo está incentivando a los ayuntamientos a implementarlas antes del verano, ofreciéndoles acceso prioritario a subvenciones destinadas al transporte público. Aquellos municipios que no cumplan con esta agenda quedarán fuera de estas ayudas.
Este contexto, sin embargo, también ha provocado reacciones contrarias. Desde el propio Gobierno se ha señalado la existencia de lo que califican como un “redil de municipios negacionistas”, cuyos alcaldes se resisten a adoptar estas medidas pese a las advertencias sobre los efectos nocivos de la contaminación para la salud pública. A pesar de ello, la tendencia apunta hacia una ampliación casi diaria de nuevas restricciones, y el número de vehículos afectados continúa creciendo.
En un principio, las ZBE se aplicaban principalmente a los vehículos que no contaban con distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). No obstante, en muchas ciudades estas restricciones comienzan a extenderse a vehículos con etiquetas B y C, lo que amplía considerablemente el número de conductores afectados. Ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Getafe, San Sebastián, Málaga y Valladolid ya han endurecido sus normativas al respecto o tienen previsto hacerlo próximamente.
Como resultado, ha aparecido un nuevo tipo de delito: la falsificación de documentación con el objetivo de obtener de forma fraudulenta etiquetas ambientales que permiten el acceso a estas zonas restringidas. Recientemente, la Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal especializado en esta actividad. Esta organización operaba principalmente en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Guadalajara, Madrid, Alcalá de Henares y Alcorcón.
El grupo cobraba entre 300 y 500 euros a propietarios de vehículos que no cumplían los requisitos para circular por las ZBE. A cambio, les tramitaban de forma fraudulenta los distintivos ambientales necesarios. La operación policial se ha saldado con la detención de cuatro personas, mientras que otras 28 están siendo investigadas. Según las primeras estimaciones, al menos 38 vehículos de distintas marcas habrían obtenido etiquetas de la DGT de manera irregular.
Todos los implicados, de nacionalidad española, enfrentan cargos por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. La investigación comenzó tras detectar un aumento anómalo en las solicitudes de etiquetas ambientales en determinadas jefaturas provinciales. Posteriormente, los agentes identificaron varios certificados de homologación manipulados, lo que condujo al descubrimiento de esta trama delictiva.
