El Gobierno amenaza con consecuencias legales a las CCAA que no cumplan con el reparto de migrantes
El Gobierno ha reiterado su compromiso con la solidaridad entre comunidades autónomas en relación con la acogida de menores migrantes no acompañados. Así lo ha manifestado este miércoles el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha defendido que los criterios utilizados en el reparto son "objetivos, claros y absolutamente transparentes".
Durante una comparecencia ante los medios, Bolaños ha explicado que el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece un marco normativo para distribuir a estos menores de manera equitativa, especialmente con el objetivo de aliviar la carga que soportan los territorios más expuestos a la presión migratoria. En concreto, ha citado a Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Baleares como las comunidades que actualmente enfrentan una mayor afluencia de menores no acompañados.
“Lo que aprobamos ayer fue un real decreto con unos criterios para distribuir menores no acompañados en nuestro país”, ha afirmado el ministro. Según ha precisado, dichos criterios están diseñados para garantizar un reparto justo entre todas las comunidades, atendiendo tanto a las capacidades como a la presión migratoria que soporta cada una.
Bolaños ha hecho un llamamiento a la solidaridad interterritorial, insistiendo en que es responsabilidad del conjunto del Estado dar una respuesta coordinada y humanitaria a la llegada de estos menores. “Tenemos que ser solidarios, todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria con las que tienen mayor presión migratoria”, ha subrayado.
CONFIANZA EN EL CUMPLIMIENTO Y ADVERTENCIA DE CONSECUENCIAS
El ministro también ha sido tajante respecto a las consecuencias que podría acarrear la negativa de algunas comunidades a cumplir con lo establecido en el real decreto. En este sentido, ha recordado que se trata de una norma de obligado cumplimiento y que su incumplimiento podría derivar en consecuencias legales.
“Es un real decreto aplicable y, por lo tanto, su incumplimiento tendría, lógicamente, consecuencias también legales”, ha advertido Bolaños. No obstante, ha expresado su confianza en que las comunidades cumplirán con la normativa, a pesar de posibles presiones o directrices políticas que pudieran recibir. “No me imagino —ha señalado— por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, que quieran incumplir la ley abiertamente”.
Las declaraciones de Bolaños se producen en un contexto de creciente debate político sobre la gestión de la inmigración y la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El Gobierno central ha insistido en la necesidad de abordar esta cuestión desde una perspectiva de Estado, alejada de enfrentamientos partidistas y centrada en la protección de los derechos de los menores migrantes.
