El Gobierno regulariza migrantes a un ritmo de 20.000 solicitudes diarias y la cifra no para de crecer
Cada jornada que transcurre desde que el Gobierno central abrió el plazo de solicitudes, otras 20.000 personas dan el paso y piden regularizar su situación en España. En una semana, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha acumulado más de 130.000 peticiones entre la vía presencial y la telemática.
Una velocidad de crucero que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones valora como una señal de que el proceso funciona, aunque el plazo para solicitar la regularización no se cerrará hasta el 30 de junio y la cifra final podría multiplicarse varias veces.
El Real Decreto de regularización administrativa extraordinaria lleva apenas unos días en vigor, pero su impacto ya es difícil de ignorar. El Gobierno prevé que hasta 500.000 extranjeros puedan acogerse al proceso, que otorga una autorización de residencia y trabajo válida durante un año, sin restricción de sector ni de lugar dentro del territorio español.
A ese ritmo de 20.000 solicitudes diarias, el techo podría alcanzarse en menos de un mes, lo que da idea de la demanda acumulada durante años por personas que llevan tiempo viviendo y trabajando en España sin papeles.
El plazo para presentar solicitudes telemáticas se abrió el 16 de abril. Cuatro días después comenzaron a atenderse citas presenciales. Hasta este viernes, se han asignado 55.000 citas para ser atendidas antes del 30 de abril, y el Ministerio que dirige Elma Saiz ha subrayado que el proceso transcurre con normalidad y sin incidentes reseñables.
Las imágenes de largas colas frente a oficinas de registro en ciudades como Madrid, sin embargo, cuentan una historia algo más compleja sobre la presión real que está soportando el sistema.
Los ayuntamientos, desbordados y necesarios
La maquinaria administrativa que sostiene el proceso no es solo estatal. Los ayuntamientos están asumiendo una carga considerable: desde la expedición de certificados de empadronamiento hasta la acreditación de situaciones de vulnerabilidad, pasando por la atención directa a personas que llegan a las oficinas municipales con dudas sobre cómo tramitar su solicitud. Una presión que en municipios con alta concentración de población extranjera se nota de forma especialmente intensa.
Para ordenar esa colaboración, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias tienen previsto firmar un convenio de cooperación técnica que lleva tiempo en preparación. El objetivo es crear un canal fluido de información entre administraciones, extender las buenas prácticas que ya funcionan en algunos consistorios y agilizar los trámites en los que los ayuntamientos actúan como intermediarios.
El Ministerio también ha puesto sobre la mesa el papel del Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería, con más de 300 organizaciones inscritas en todo el país, como herramienta para aliviar esa carga burocrática municipal.
El frente aragonés: Vox, la plaza del Pilar y la 'prioridad nacional'
En Aragón, el decreto ha llegado en el peor momento posible para quien quiera evitar el ruido político. El acuerdo de coalición entre PP y Vox firmado el pasado 22 de abril en las Cortes de Aragón incluye el concepto de 'prioridad nacional', que la derecha de Vox interpreta como un mecanismo para que los ciudadanos españoles accedan antes que los extranjeros a los servicios públicos y las ayudas sociales. Una filosofía que choca de frente con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de poner en marcha.
Alejandro Nolasco, que asumirá la vicepresidencia primera del nuevo Ejecutivo aragonés y previsiblemente también las competencias en inmigración, protagonizó el lunes pasado una concentración en la plaza del Pilar de Zaragoza precisamente para protestar contra el decreto. Fue una de las primeras movilizaciones públicas de Vox en la comunidad tras el cierre del pacto de gobierno, y dejó claro que la inmigración será uno de los principales campos de batalla políticos en Aragón durante la próxima legislatura.
La tensión no es solo entre partidos. Es también entre administraciones. El nuevo Gobierno aragonés tendrá competencias en servicios sociales e inmigración, pero el marco legal que regula la residencia y el trabajo de los extranjeros es competencia exclusiva del Estado. Esa colisión de competencias y de visiones sobre la gestión migratoria se irá haciendo más evidente a medida que el proceso de regularización avance y las cifras sigan creciendo.
Con 130.000 solicitudes en siete días, 20.000 más cada jornada y un plazo abierto hasta finales de junio, el decreto del Gobierno no da señales de aflojar el ritmo. En Aragón, el nuevo Ejecutivo de coalición heredará ese escenario desde el primer día.
