La ley ‘antiokupa’ ya está activa: esto dice la norma para echar a los okupas
Una reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acelera el proceso de desalojo de viviendas okupadas, reduciendo los plazos a pocos días.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves una reforma que cambiará drásticamente el tiempo necesario para desokupar una vivienda. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el PNV, introduce los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda en los procedimientos abreviados, reduciendo los plazos a cuestión de horas o días.
Aunque la iniciativa fue respaldada por partidos como PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, estos dos últimos han calificado su apoyo como un “error injustificable”. La oposición vino de formaciones como PSOE, Sumar, Podemos y BNG.
EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA
La enmienda aprobada modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadiendo los casos de okupación a los juicios rápidos. Estos procedimientos están diseñados para delitos menos graves, con penas de prisión inferiores a cinco años, o cuando el infractor es sorprendido en el acto. Hasta ahora, se aplicaban en casos como hurtos, robos o delitos contra la seguridad vial, y ahora incluirán los desalojos de viviendas okupadas.
JUICIOS EN MENOS DE 15 DÍAS
La inclusión de la okupación en los procedimientos abreviados permitirá que el proceso judicial avance con mayor rapidez:
- Detención del infractor: Una vez identificado, el juez deberá citarlo en un plazo máximo de 72 horas.
- Preparación de diligencias: Durante ese tiempo, la policía judicial recopila la información necesaria para el caso.
- Comparecencia: El juez escucha a las partes y a la Fiscalía. Si se solicita juicio, la acusación y la defensa disponen de un total de 5 días para presentar sus escritos.
- Juicio oral: El juez fija la fecha en un máximo de 15 días tras recibir los documentos.
Además, una vez celebrado el juicio, la sentencia deberá dictarse en tres días, marcando un antes y un después en comparación con los actuales procesos de desahucio, que pueden alargarse entre 4 y 9 meses.
UNA SOLUCIÓN A LA LENTA JUSTICIA
La reforma ha generado debate, ya que acelera notablemente los procesos de desalojo frente a los procedimientos habituales, que constan de cuatro fases:
- Requerimiento de pago y/o desalojo.
- Presentación de la demanda.
- Celebración del juicio de desahucio.
- Ejecución del lanzamiento.
Actualmente, factores como la carga de trabajo de los juzgados y la actitud del ocupante ante el procedimiento judicial prolongan los tiempos. Con esta reforma, muchos ven una solución a la lenta tramitación de desahucios, mientras que otros critican la premura de su aprobación y los posibles errores en su implementación.
POLÉMICA TRAS LA APROBACIÓN
El "error" de Bildu y ERC al apoyar la propuesta del PNV ha generado controversia dentro del Congreso. Ambas formaciones calificaron su respaldo como una equivocación que no refleja su postura real sobre el tema.
Por su parte, los abogados especializados en desahucios valoran positivamente la reforma, ya que permitirá agilizar procesos que antes quedaban atrapados en la burocracia judicial, aunque advierten de la necesidad de recursos suficientes para evitar un colapso en los juzgados.
UN GIRO EN LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS
Con esta reforma, se busca equilibrar la balanza entre los derechos de los propietarios y los de los inquilinos o okupas. La Ley de Telecomunicaciones de 2023 ya otorgó a los ciudadanos el derecho a no recibir comunicaciones comerciales no deseadas, y esta reforma es un paso más para proteger la propiedad privada.
La aprobación de esta ley marca un nuevo capítulo en el tratamiento de la okupación en España y promete agilizar un problema que preocupa a miles de propietarios. Sin embargo, su implementación requerirá un seguimiento riguroso para garantizar la eficiencia y el respeto a los derechos de todas las partes.
