La juez Marien Ortega (AJFV) rompe el silencio: "Dos asociaciones copan la cúpula judicial"
La disputa en el seno del poder judicial español ya no se libra solo en los despachos ni en los órganos de gobierno. Se libra, sobre todo, en el relato. En cómo se explica —y se justifica— quién nombra a quién, con qué criterios y bajo qué etiquetas ideológicas. Y en esa batalla, la recién nombrada portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, ha decidido dar un paso al frente.
Su diagnóstico es directo: el relato dominante no se corresponde con la realidad de la carrera judicial. Según Ortega, dos asociaciones —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD)— concentran la inmensa mayoría de los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, pese a que juntas no alcanzan el 35% de representación entre jueces y magistrados. Sin embargo, obtienen alrededor del 75% de las plazas cuando hay más de un candidato.
Para AJFV, esta disonancia revela que los principios de mérito y capacidad han sido desplazados por un sistema de cuotas, sostenido por una narrativa binaria —bloque conservador frente a bloque progresista— que acaba contaminando la credibilidad de las instituciones. El problema, subraya Ortega, no es solo quién manda, sino cómo se percibe que se manda.
De ahí la decisión política —y simbólica— de no avalar a ningún candidato al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras los jueces no elijan directamente a los doce vocales de procedencia judicial. Una forma de romper el marco actual y cuestionar un sistema que, a juicio de AJFV, sigue respondiendo a equilibrios partidistas aunque haya cambiado el contexto político.
La pugna por el relato se extiende también a la modernización de la Justicia. Ortega no cuestiona la implantación de los tribunales de instancia —que considera necesaria—, pero sí la manera en que se está llevando a cabo: sin escuchar suficientemente a la carrera judicial. La advertencia es clara: sin una evaluación previa real, el riesgo de colapso en grandes capitales es elevado.
España: ¿menos jueces de los que necesita?
A ello se suma un problema estructural que rara vez ocupa titulares, pero que condiciona todo el sistema: España tiene menos jueces de los que necesita. Con 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, la sobrecarga se traduce en retrasos, desgaste profesional, aumento de bajas médicas y un dato revelador: más del 40% de las jubilaciones son anticipadas. Menos jueces, más litigios y menos tiempo para resolver bien no es un conflicto corporativo; es un problema ciudadano.
El choque de relatos alcanza incluso al Tribunal Supremo. Ortega defiende la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado y alerta contra la tentación de convertir cualquier resolución judicial incómoda en una sospecha política. Criticar es legítimo; socavar la confianza en las instituciones, no. En ese punto, la portavoz de AJFV apunta a un daño profundo: la erosión de la credibilidad de la Fiscalía y el reto mayúsculo que afronta su nueva dirección para recomponerla.
