Multas de 500.000 euros en Zaragoza por tirar comida: los bares y los súper en el 'punto de mira'
En un movimiento que marca un antes y un después en la lucha contra el desperdicio alimentario, el Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una normativa que pone bajo el foco a supermercados, grandes superficies y establecimientos hosteleros de toda España, incluyendo Zaragoza. Esta nueva legislación, que busca reducir el despilfarro en todos los eslabones de la cadena alimentaria, contempla sanciones de hasta 500.000 euros para quienes incumplan sus disposiciones más estrictas.
El objetivo de esta ley es ambicioso: reducir en un 50 % el desperdicio en el consumo y en un 20 % en la producción y distribución para el año 2030. Para ello, establece un marco legal que obliga a actuar desde el origen de los alimentos hasta el plato del consumidor. En el caso de los supermercados de más de 1.300 metros cuadrados y los bares o restaurantes, se exigirá que cuenten con planes específicos de prevención del desperdicio y formalicen acuerdos de donación con entidades sociales.
Uno de los aspectos más relevantes —y controvertidos— de la norma es su régimen sancionador. Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Las sanciones más duras, de hasta medio millón de euros, se aplicarán a casos de reincidencia o si se destruyen alimentos aptos para el consumo de forma intencionada. Además, no tener un plan de prevención siendo un establecimiento obligado por su tamaño también podrá suponer una multa de hasta 60.000 euros.
Estas medidas, aunque duras, no son nuevas para buena parte del sector. Desde asociaciones como Asedas y Anged, que agrupan a grandes cadenas de supermercados, destacan que muchas de estas prácticas ya se venían realizando, como las donaciones a bancos de alimentos o la transformación de excedentes para uso en alimentación animal. No obstante, reconocen que ahora se les exige formalizar y estructurar esas acciones bajo el paraguas de un plan legal y documentado.
Desde la hostelería también se valora positivamente el espíritu de la ley, aunque se insiste en la necesidad de tener en cuenta la diversidad del sector y la capacidad de adaptación de cada negocio. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, subraya que las sanciones son “muy duras”, pero matiza que el enfoque debe ser el de fomentar buenas prácticas, no solo penalizar.
Un punto a favor de la nueva legislación es que introduce flexibilidad para pequeños comercios, los de menos de 1.300 metros cuadrados, permitiéndoles adaptar sus planes según sus recursos y modelo de negocio. Además, la posibilidad de modificar la jerarquía de prioridades en la gestión del desperdicio, según las circunstancias, ha sido bien recibida por el sector.
Otro incentivo importante es la reducción del IVA en las donaciones de alimentos, una medida que, según expertos, dará un impulso adicional a aquellas empresas que ya colaboran con entidades del tercer sector desde hace años.
