El novio de Ayuso pide al Supremo que procese al Fiscal General por revelar sus secretos
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. En un escrito de 68 páginas dirigido al magistrado del Supremo Ángel Hurtado, González Amador les acusa de haber difundido información confidencial sobre su caso por su relación sentimental con la presidenta autonómica.
La solicitud se fundamenta en la supuesta divulgación de datos personales, documentación y comunicaciones reservadas por parte de la Fiscalía entre el 7 y el 14 de marzo de 2024, coincidiendo con la publicación de informaciones sobre el procedimiento fiscal que se sigue contra él por presunto fraude a Hacienda.
Entre los elementos señalados en el escrito se encuentra la divulgación de la denuncia presentada por la Fiscalía por dos delitos fiscales, así como del contenido de un correo electrónico enviado por su abogado el 2 de febrero de 2024, en el que se ofrecía a alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público.
El documento también carga contra la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo, que incluía extractos del cruce de correos entre la defensa y el propio Ministerio Público, como respuesta a una información publicada en el diario El Mundo, que aseguraba que el pacto fue propuesto por la Fiscalía.
ACUSACIONES DE MOTIVACIÓN POLÍTICA
González Amador sostiene que tanto García Ortiz como Rodríguez actuaron movidos por el interés político de dañar a la presidenta madrileña, señalando que la difusión de los datos no se habría producido de no estar vinculado a Ayuso. Según afirma, la documentación sensible llegó incluso a manos de responsables del PSOE y del Gobierno, entre ellos el secretario de Estado de Comunicación y miembros del gabinete de Presidencia, antes de que él mismo tuviera acceso.
La defensa sostiene que la actuación de los fiscales ha generado un daño irreparable a su derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y a la defensa, al exponerle públicamente como “delincuente confeso” en medios y en declaraciones políticas. “Si no hubiera mantenido una relación con Díaz Ayuso, estos hechos no se habrían producido”, asegura el escrito.
El abogado del empresario, Gabriel Ramos, también denuncia que García Ortiz eliminó todos los soportes digitales relacionados con la gestión del caso, incluidas sus comunicaciones con fiscales y periodistas, alegando que se trata de una práctica habitual al cambiar de terminal por motivos de seguridad. Para la defensa, esa conducta agrava los indicios de un delito continuado de revelación de secretos.
PETICIÓN DE PROCESAMIENTO
Por todo ello, González Amador solicita al magistrado Hurtado que acuerde el auto de transformación del procedimiento y el procesamiento formal de García Ortiz y Rodríguez, por considerar que los hechos están “claramente acreditados” y configuran una vulneración grave de los deberes de sigilo profesional que deben observar los miembros del Ministerio Fiscal.
Esta petición se produce en un contexto de alta tensión institucional entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, y podría tener implicaciones jurídicas y políticas en la causa que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
