El Gobierno fija criterios obligatorios para los planes autonómicos contra incendios forestales
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, que aprueba las directrices y criterios comunes que deberán seguir las comunidades autónomas en la elaboración de sus planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. La norma, que fue aprobada en el último Consejo de Ministros, entrará en vigor mañana y tiene como objetivo principal establecer un marco homogéneo de actuación frente a uno de los principales riesgos medioambientales del país.
Este real decreto se enmarca en la Ley de Montes, que fue modificada en 2022 para fortalecer los mecanismos de planificación y coordinación frente a los incendios forestales, cuya frecuencia e intensidad han ido en aumento en los últimos años debido, en gran parte, al cambio climático.
MARCO COMÚN PARA REFORZAR LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA
La nueva normativa obliga a las comunidades autónomas a diseñar sus respectivos planes anuales en base a unas directrices compartidas, con el fin de mejorar la eficacia de las labores preventivas y lograr una respuesta más coherente y equilibrada en todo el territorio nacional. Esta armonización se considera clave en un país con una elevada exposición a incendios forestales y una diversidad geográfica que condiciona las estrategias de prevención.
El texto legal también pone de relieve la necesidad de adaptar estos planes a un escenario de riesgo creciente. Para ello, se insta a las autonomías a incorporar criterios técnicos y operativos que respondan a las nuevas condiciones climáticas, así como a los patrones de comportamiento del fuego observados en los últimos años.
EL PAPEL DEL COMITÉ DE LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
Uno de los elementos relevantes de este decreto es la participación del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), un órgano especializado de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Este comité tendrá la función de analizar las directrices aprobadas, proponer mejoras técnicas y recomendar actuaciones adicionales para reforzar las capacidades de planificación, vigilancia y extinción de incendios.
Con ello, se busca dotar al sistema estatal de un enfoque más técnico y evaluativo, permitiendo ajustar y actualizar los planes autonómicos en función de las experiencias acumuladas y de la evolución del riesgo.
CONDICIONES LABORALES Y PRINCIPIOS LEGALES
Además de los aspectos técnicos, el real decreto también establece que los planes anuales deben tener en cuenta la normativa laboral vigente. En este sentido, se subraya la importancia de garantizar condiciones de trabajo dignas para el personal que participa en las labores de prevención, vigilancia y extinción de incendios, combatiendo la precariedad laboral en este ámbito.
El decreto se dicta en virtud del artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que otorga al Estado la competencia para establecer la legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente. No obstante, se respeta la capacidad de las comunidades autónomas para desarrollar normas adicionales de protección, lo que permite un equilibrio entre unidad de acción y autonomía territorial.
El Gobierno central considera que esta medida es un paso fundamental para avanzar hacia un sistema más sólido, estructurado y coordinado frente a los incendios forestales. Al establecer un marco común de planificación, se espera aumentar la eficacia de la respuesta, reducir los tiempos de actuación y minimizar los daños medioambientales, económicos y humanos.
El Real Decreto 716/2025 introduce un cambio significativo en la gestión de los incendios forestales en España, obligando a las comunidades autónomas a seguir unas pautas comunes que permitan afrontar de forma más cohesionada un problema que se agrava cada año.
