Sánchez plantea el cierre de universidades privadas ya existentes que no lleguen a 4.500 alumnos
El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo decreto que busca reforzar los requisitos necesarios para la creación y funcionamiento de nuevas universidades en España. Según el borrador del real decreto, que se ha hecho público este miércoles para su consulta por la comunidad educativa, se pretende garantizar que los nuevos centros universitarios cumplan con estándares mínimos de calidad y sostenibilidad económica.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo decreto es la exigencia de que las universidades alcancen una masa crítica mínima de 4.500 alumnos en sus primeros cinco años de funcionamiento. En caso de no lograr este objetivo, la autorización otorgada podría ser revocada. Este requisito busca asegurar la viabilidad y estabilidad de las instituciones educativas a largo plazo.
Además, el Gobierno estipula que las universidades deben destinar al menos un 5 % de su presupuesto total a programas de investigación. Esta medida pretende impulsar la excelencia académica y promover la producción científica, un elemento esencial para la competitividad de las instituciones a nivel nacional e internacional.
El decreto también endurece los requerimientos de sostenibilidad económica de los promotores de universidades. Se exigirá un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o un instrumento legal similar, como garantía de la solvencia financiera del proyecto. Esto se añade a la obligación de que la universidad garantice, en su tercer año de actividad académica, el alojamiento a estudiantes equivalente al 10 % de las plazas de enseñanzas de grado, pudiendo cumplirse este requisito mediante convenios con fundaciones o empresas privadas.
Otro de los aspectos clave del borrador es el papel de la investigación y la transferencia de conocimiento. Las universidades deberán captar, mediante convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), al menos un 2 % de su presupuesto total anual en un plazo máximo de cinco años. En caso de incumplimiento de este requisito, se emitirá un primer apercibimiento y, si pasados otros dos años no se subsana la situación, se procederá a la revocación de la autorización de actividad de la universidad.
El borrador del real decreto establece que serán vinculantes para la creación de un centro universitario los informes emitidos por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA), en el caso de universidades de ámbito estatal. Para aquellas que operen a nivel regional, será la agencia de evaluación autonómica correspondiente la encargada de emitir su valoración. Además, el dictamen de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan tanto el ministerio como las comunidades autónomas, será también vinculante.
El Ejecutivo pretende con este nuevo marco normativo garantizar que las universidades que se creen o que ya estén en funcionamiento ofrezcan un nivel de calidad adecuado. Además, se busca fomentar la investigación como un pilar fundamental de la enseñanza superior y evitar la proliferación de centros que no alcancen estándares mínimos de calidad.
El decreto está en proceso de consulta pública y se espera que reciba enmiendas y aportaciones por parte de distintos sectores de la comunidad educativa, incluyendo universidades públicas y privadas, así como organizaciones estudiantiles y académicas. Sin embargo, la medida ya ha generado polémica entre algunos sectores que consideran que los requisitos planteados son excesivamente estrictos.
Por su parte, representantes de universidades privadas han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que estos nuevos criterios supongan un freno para la apertura de nuevos centros educativos. Argumentan que la obligación de alcanzar una masa crítica de 4.500 alumnos en cinco años puede ser difícil de cumplir en determinadas áreas geográficas o en programas especializados que atienden a un público reducido.
Además, la obligación de destinar un 5 % del presupuesto a programas de investigación es vista por algunos como un obstáculo para centros que se dedican principalmente a la enseñanza y que no cuentan con recursos suficientes para desarrollar actividades de investigación.
En respuesta a estas críticas, fuentes del Ministerio de Universidades aseguran que el objetivo principal del decreto es garantizar la calidad educativa y evitar la proliferación de universidades que no ofrezcan garantías suficientes en términos de sostenibilidad y excelencia académica. "Queremos un sistema universitario sólido y competitivo, que responda a las necesidades de la sociedad y que pueda competir con los mejores sistemas del mundo", han señalado desde el ministerio.
El debate en torno a este nuevo decreto apenas comienza, pero se prevé que genere un amplio debate en los próximos meses. El resultado de esta consulta pública determinará si finalmente se introducen modificaciones al texto original antes de su aprobación definitiva.
