El Supremo prohíbe salir de España a dos exdirectivos de Acciona por su vinculación con el ‘caso Koldo’

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado imponer medidas cautelares a Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción en España, y a Tomás Olarte, quien dirigió la zona norte de la compañía. Ambos están investigados por su presunta participación en la red de amaños de obra pública que la Justicia indaga en el marco del ‘caso Koldo’, una supuesta trama de corrupción vinculada a adjudicaciones irregulares.

Según los autos dictados por Puente, los dos exdirectivos tienen prohibido salir del país, deberán entregar su pasaporte y comparecer cada quince días en sede judicial. Se trata de medidas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción durante las vistas celebradas este miércoles en el Supremo, a las que también se adhirieron las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular. Las defensas, por su parte, se opusieron.

El juez descarta la prisión provisional pero aprecia indicios delictivos

Puente subraya que ninguna parte acusadora pidió prisión provisional, motivo por el cual esta posibilidad no podía ser valorada. Además, incide en que la investigación “apenas acaba de comenzar”, descartando por ahora una medida tan severa. Sin embargo, el instructor sostiene que existen “indicios suficientes” de la comisión de delitos de cohecho e integración en organización criminal, lo que justifica las medidas impuestas para evitar riesgos procesales.

El papel de Pelegrini: acuerdos con Servinabar y la influencia de Santos Cerdán

El juez considera acreditado, de forma indiciaria, que Justo Vicente Pelegrini firmó en septiembre de 2015 un acuerdo marco de colaboración entre Acciona Construcción y la empresa Servinabar, recién constituida, con el objetivo de abrir vías para adjudicaciones de obra pública.

El magistrado apunta que Pelegrini confiaba en obtener estos contratos mediante la “indebida influencia” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, supuestamente vinculado a Servinabar y con capacidad para presionar a cargos públicos implicados en las adjudicaciones del caso.

Puente detalla que se realizaron varias reuniones presenciales y telemáticas entre Pelegrini, Cerdán y el socio de Servinabar, Antxon Alonso, durante las cuales los asistentes tomaron medidas de seguridad como apagar los móviles o mostrar documentos en pantalla sin enviarlos por otros canales. Para el magistrado, las explicaciones de Pelegrini sobre estos comportamientos no han sido “razonablemente atendibles”.

Según los autos, el resultado de este esquema fue que diversas obras públicas terminaron adjudicándose a Acciona, que actuaba en UTE con otras compañías, mientras Servinabar firmaba posteriormente contratos de prestación de servicios y obtenía beneficios del 2 % del importe total adjudicado.

Tomás Olarte y el memorándum sobre la A-68

En relación con Tomás Olarte, director de la zona norte de Acciona en 2018, el Supremo sostiene que firmó un Memorándum de Entendimiento con Servinabar para colaborar en la adjudicación del tramo de la A-68 entre Arrúbal y Navarrete.

El instructor apunta que Alonso reclamó directamente a Olarte los pagos comprometidos, logrando que Servinabar recibiera unos 600.000 euros de forma anticipada. Además, recuerda que otro exdirectivo, Fernando Merino, dependiente jerárquico de Olarte, habría tratado de influir en responsables del Ministerio de Transportes, incluido Koldo García, para favorecer la adjudicación, celebrada internamente con la expresión “¡Bingo en Logroño!”.

Una investigación que avanza hacia el núcleo de la trama

Las resoluciones del Supremo suponen un nuevo avance en la investigación del ‘caso Koldo’, una trama que ya ha salpicado a cargos públicos, intermediarios y directivos de grandes compañías. Las medidas cautelares buscan asegurar que los investigados permanezcan a disposición de la Justicia mientras continúa la instrucción, que se encuentra todavía en una fase inicial.

El caso apunta a un presunto entramado de corruptelas en adjudicaciones de obra pública, en el que empresas como Servinabar actuaban como intermediarias a cambio de comisiones. La investigación determinará ahora el grado de implicación de los exdirectivos y si las adjudicaciones se vieron condicionadas por esta presunta red de influencias.