Aragón y otras 12 CC.AA denuncian ante Bruselas que no se ha votado el informe del lobo

Trece comunidades autónomas —entre ellas Aragón, junto a Ceuta y Melilla— han solicitado formalmente una reunión con la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswell, para denunciar que el Gobierno central prevé remitir a Bruselas un informe sobre el estado del lobo ibérico sin haberlo sometido a votación en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, tal y como exige la normativa.

En una carta fechada el 1 de agosto, las comunidades trasladan a Bruselas su preocupación ante una situación que califican de “grave, inédita y contraria al principio de cogobernanza”, y consideran que vulnera la legalidad vigente. El texto señala expresamente que esta “quiebra del Estado de Derecho” genera “indefensión institucional” para las comunidades implicadas.

LA VOTACIÓN PENDIENTE Y LA CONFERENCIA ANULADA

Según exponen las comunidades firmantes, el informe sobre el estado de conservación del lobo fue consensuado entre autonomías y votado en una reunión técnica celebrada el pasado 10 de julio. Aquel documento —elaborado por las propias regiones— concluía que el estado de conservación del lobo en España es favorable, lo que en la práctica facilitaría su gestión y control en determinados territorios.

Sin embargo, la celebración de la Conferencia Sectorial prevista para el 22 de julio, en la que se debía ratificar oficialmente ese informe, fue desconvocada unilateralmente por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) el 17 de julio. La razón aducida: la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre otra ley, algo que las comunidades consideran injustificable y ajeno al asunto tratado.

Pese a las solicitudes formales enviadas los días 21 y 24 de julio por varias regiones para que se convocara una sesión extraordinaria, el Ministerio se negó a hacerlo. El 29 de julio, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ratificó esa negativa, dejando sin margen de actuación a las comunidades.

DISCREPANCIAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA ESPECIE

El conflicto tiene su origen en la decisión del Gobierno central de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021, lo que impide su caza. Desde entonces, comunidades como Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria —con grandes poblaciones de este cánido— han solicitado mayor capacidad para aplicar planes de gestión que contemplen controles de población.

La reciente modificación de la Directiva Hábitats en la UE, que rebaja la protección de la especie a escala continental, reavivó el debate. Paralelamente, la aprobación de la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, que incluye disposiciones que podrían permitir de nuevo la caza en algunas circunstancias, añadió complejidad legal y política al asunto.

Según MITECO, si el informe que se remite a Bruselas indica que el lobo está en situación desfavorable —como pretendía el Gobierno central—, no podrían aplicarse controles letales sobre la especie, algo que ya ha sido objeto de controversia en los tribunales.

DOS VERSIONES ENFRENTADAS Y UNA ENTREGA APLAZADA

A escasos días del plazo límite (31 de julio), el Gobierno solicitó a la UE una prórroga para enviar el informe sexenal que debe incluir los datos sobre la conservación del lobo, según fuentes del Ministerio. Aunque sí se han enviado ya los documentos relativos a las aves —también obligatorios—, el del lobo permanece bloqueado por este desencuentro.

En paralelo, las cuatro comunidades con mayor población lobera elaboraron un informe técnico alternativo con sus propios datos, que fue sometido a votación y recibió el respaldo mayoritario de las CCAA, con la única abstención de Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco, y la ausencia de Melilla.

Ese informe es el que las comunidades entienden que debe ser elevado a la Comisión Europea. El Gobierno, sin embargo, mantiene su intención de remitir su propia versión, algo que para los gobiernos autonómicos rompe con el marco legal y el funcionamiento habitual del sistema de cogobernanza ambiental.

UN DEBATE EN LOS TRIBUNALES Y EN LAS CALLES

Las tensiones entre ambas administraciones se han trasladado también a los tribunales. Organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Verdes Equo han denunciado una “disparidad judicial incomprensible”, señalando que en algunas comunidades se autoriza la extracción de lobos y en otras no, pese a regirse por una legislación común.

El debate sobre la protección del lobo enfrenta visiones opuestas: mientras unas autonomías reclaman más herramientas de gestión frente a los daños al ganado, otras —junto al Gobierno central— insisten en proteger al animal como especie clave en los ecosistemas.

En este contexto, Aragón —junto a otras doce comunidades— reclama a Bruselas una interlocución directa para que el informe que finalmente se remita refleje la realidad sobre el terreno y cuente con el respaldo democrático e institucional que requiere una política ambiental de Estado.