Desalojan un edificio en Caspe por riesgo de derrumbe y evacúan a 60 personas
Un edificio de cinco plantas situado en el Paseo Nuevo número 8 de Caspe ha sido objeto de un desalojo preventivo ante el riesgo de derrumbe, según han confirmado las autoridades del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la localidad. La decisión se adoptó tras un informe técnico emitido por el arquitecto municipal que advertía sobre el peligro estructural de la edificación, lo que llevó a activar los protocolos de emergencia para proteger a sus habitantes.
Activación de emergencia y evacuación de vecinos
La alcaldesa de Caspe firmó esta mañana el decreto que ordena el desalojo del inmueble después de que los técnicos municipales evaluaran el estado de la estructura y concluyeran que existía un riesgo significativo de colapso. El edificio, con domicilio en el paseo céntrico de la ciudad, albergaba cerca de 60 residentes de distintas nacionalidades, entre ellos 23 menores, que han sido evacuados de forma preventiva para salvaguardar su integridad.
El operativo de desalojo, que se ha desarrollado con rapidez y sin incidentes graves, ha estado coordinado por la Policía Local de Caspe, la Guardia Civil, Protección Civil de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y Cruz Roja, con el objetivo de asegurar que la evacuación se produjera de manera ordenada y segura.
Medidas para garantizar la seguridad temporal
Una vez desalojados, los vecinos afectados han sido trasladados al pabellón municipal 3 de Caspe, habilitado como espacio temporal para alojar y atender a las familias mientras se determina la situación definitiva del edificio. Las autoridades han indicado que se están gestionando todas las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estancia y atención mientras se evalúa el alcance de los daños.
Informe técnico previo y responsabilidades
El desalojo se produce después de que el arquitecto municipal emitiera un informe técnico que advertía del estado estructural de la edificación y del riesgo que suponía para sus ocupantes. Ante esta evaluación, el consistorio ha optado por aplicar medidas cautelares que evitan poner en peligro a los habitantes antes de que se determinen las obras necesarias para asegurar o rehabilitar la estructura.
Las autoridades han insistido en que esta decisión se adopta por motivos de protección civil, priorizando la seguridad de los ciudadanos ante indicios claros de deterioro estructural.
