El hombre que amenazó con matar a todos los guardias civiles del Cinca
Un hombre residente en Albalate de Cinca ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca como responsable de varios delitos cometidos en el año 2022, entre los que se incluyen amenazas, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones de carácter leve. La sentencia ha sido dictada tras un proceso judicial complejo, en el que la defensa del acusado intentó justificar sus acciones mediante diversas alegaciones y pruebas que no lograron acreditar su inocencia.
Según ha informado el abogado Jorge Piedrafita, representante legal de las víctimas, el proceso judicial ha sido especialmente laborioso debido a la actitud del acusado, quien trató de desacreditar los hechos mediante diferentes argumentos. Sin embargo, el fallo judicial ha determinado que el acusado agredió físicamente a un vecino de su misma localidad, propinándole un golpe por la espalda con un objeto denominado “jadico”, en un acto que la sentencia enmarca en un contexto de hostilidad previa entre ambos individuos.
Los hechos no se limitaron a la agresión inicial. Tras la denuncia de los acontecimientos, una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar para proceder a la detención del agresor. Fue en ese momento cuando el individuo, lejos de colaborar con los agentes, reaccionó de manera violenta. Según el relato de los hechos acreditados, durante la lectura de sus derechos, el acusado acometió de forma repentina contra los agentes, provocando a uno de ellos un esguince en la mano y lesiones en una rodilla. Además, profirió amenazas de muerte contra todos los agentes de la Guardia Civil destinados en la comarca del Cinca.
El representante de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), a la que pertenece uno de los agentes lesionados, ha destacado la gravedad del episodio durante su intervención en un programa de radio regional. A raíz de estos hechos, el juzgado ha dictado una pena que incluye la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, así como la orden de alejamiento del municipio de Albalate de Cinca, donde el acusado residía y donde también vive parte de su familia.
La medida, que se prolongará durante cinco años y medio, tiene como principal objetivo garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas afectadas por el comportamiento del acusado. Según el letrado, las víctimas no buscan represalias, sino únicamente poder continuar con su vida sin temer nuevos episodios de violencia o intimidación por parte del condenado. En este sentido, ha valorado positivamente la resolución judicial, que considera proporcional a la gravedad de los hechos.
Además, ha señalado que esta sentencia supone un precedente importante, ya que refuerza la idea de que las agresiones a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no deben quedar impunes. Desde la IGC también han aprovechado este caso para reiterar su demanda al Ministerio del Interior, que se reconozca formalmente la condición de profesión de riesgo para la Guardia Civil, en consonancia con la peligrosidad que a menudo conlleva el ejercicio de sus funciones. Según manifiestan desde la asociación, seguirán insistiendo en esta reivindicación hasta que se materialice en una medida legislativa concreta.
