El instituto que salvó a una menor de 16 años de un matrimonio forzado por sus padres
Tenía 16 años, no podía salir de casa salvo para ir al instituto, le habían quitado el teléfono móvil y sus padres habían pactado su boda con un hombre en su país de origen.
Cuando supo que iba a ser enviada allí contra su voluntad, hizo lo único que podía hacer: pedirle ayuda a su centro educativo. Esa decisión le cambió la vida.
Los responsables del instituto alertaron a la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación a través de la UCRIF —Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental— de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.
El resultado fue la detención de los padres de la menor, un hombre de 50 años y una mujer de 44, como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.
El aislamiento como método de control
Los investigadores comprobaron que los padres mantenían a la joven en una situación de aislamiento sistemático. No podía relacionarse con otras personas.
No podía salir del domicilio salvo para asistir al instituto. Le habían retirado el teléfono móvil. Y en alguna ocasión la habían agredido físicamente, según informaron los agentes.
Era, en palabras de la propia Policía Nacional, una situación de gran vulnerabilidad. La menor no tenía acceso a nadie fuera del entorno familiar excepto a través del centro educativo. Y fue precisamente ese resquicio el que aprovechó para pedir auxilio.
La cadena que funcionó
El protocolo que siguió el caso es el que debería funcionar siempre y no siempre funciona.
Los responsables del instituto detectaron la situación, tomaron en serio la petición de ayuda de la menor y lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional. Los agentes verificaron los hechos y los trasladaron a la Fiscalía de Menores.
La Fiscalía activó los Servicios Sociales para poner a la víctima bajo protección. Y solo entonces, una vez garantizada la seguridad de la menor, los agentes procedieron a identificar, localizar y detener a los padres.
La joven quedó al amparo de los Servicios Sociales conforme dispuso el Ministerio Fiscal. Sus padres, tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad provisional con una orden de alejamiento respecto a la menor.
Un delito que existe y que se condena
El matrimonio forzado está tipificado en el Código Penal español como un delito específico desde 2015, con penas de hasta diez años de prisión.
Cuando se produce en el marco de una red organizada o implica traslado a otro país, puede constituir además un delito de trata de seres humanos, que es la acusación que pesa sobre los padres en este caso.
España registra cada año decenas de casos detectados de matrimonios forzados, aunque los expertos advierten de que la cifra real es muy superior a la que llega a los juzgados.
La mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y adolescentes. Y la mayoría de los casos que salen a la luz lo hacen porque alguien del entorno educativo, sanitario o social detectó las señales y actuó.
En este caso, ese alguien fue un instituto de Valencia. Y una menor de 16 años que tuvo la valentía de pedir ayuda cuando todavía estaba a tiempo.
