El Gobierno de Aragón se planta ante la supresión de paradas de bus en Teruel
El Gobierno de Aragón anunciaba ayer, jueves 22, que presentará alegaciones formales contra la propuesta del Mapa Concesional del Transporte Público presentada por el Ministerio de Transportes, que contempla la supresión de hasta trece paradas de autobús en diversos municipios de la provincia de Teruel. La línea afectada es la que conecta Teruel con Madrid, Valencia y Cuenca, y forma parte del primer tramo del rediseño estatal de rutas.
El director general de Transportes del Gobierno autonómico, David Sánchez, advertía en rueda de prensa que esta medida tendrá “importantes y nefastas consecuencias” no solo para los pueblos turolenses afectados, sino también para 154 municipios de Aragón que podrían sufrir cambios similares conforme avance la implantación del nuevo mapa estatal.
EL GOBIERNO AUTONÓMICO CUESTIONA EL MODELO DEL MINISTERIO
Sánchez criticaba que la nueva estructura de transporte se basa en un enfoque que prioriza la rentabilidad empresarial sobre el servicio público, al estar orientada a optimizar los beneficios de las concesionarias en lugar de atender las necesidades reales de los habitantes de zonas rurales o despobladas.
“La propuesta cambia un modelo centrado en los usuarios por otro que castiga a territorios con fuertes desequilibrios demográficos como Aragón”, señalaba el responsable autonómico durante su comparecencia. Además, denunció que el proyecto obliga de forma implícita a las comunidades autónomas a asumir la prestación del servicio en aquellos núcleos que pierdan la parada, sin garantías de compensación económica adecuada.
PETICIÓN DE DEBATE EN LA CONFERENCIA SECTORIAL Y RECLAMOS ECONÓMICOS
Desde el Ejecutivo aragonés se reclamaba que este nuevo modelo sea debatido en el marco de la Conferencia Sectorial del Transporte, antes de continuar su implantación. No obstante, Sánchez lamentaba que el Ministerio de Transportes no ha dado respuesta a esta solicitud, lo que considera una muestra de la imposición unilateral del modelo sin contar con las comunidades.
En este contexto, el Gobierno de Aragón presentará cuatro alegaciones formales. La primera exigirá mantener las trece paradas eliminadas en el mapa concesional de titularidad estatal. La segunda plantea, como alternativa, el establecimiento de paradas a demanda en los municipios afectados, lo que permitiría mantener el servicio sin comprometer la planificación general de las rutas.
La tercera alegación reclamará al Gobierno central un mayor control sobre las concesionarias, obligándolas a coordinar sus horarios con el sistema autonómico de transporte. La cuarta exigirá una compensación financiera realista y suficiente, ya que la cifra anunciada de 40 millones anuales durante cuatro años a repartir entre las comunidades autónomas se considera “insuficiente” para sostener los servicios alternativos.
EL MODELO “PENALIZA” A LAS ZONAS RURALES, DENUNCIA ARAGÓN
Sánchez recordó que, según la propuesta estatal, Aragón debería encargarse de trasladar a los vecinos de las trece localidades afectadas hasta los tres municipios que sí conservarán parada. “Todo esto sin garantías ni financiación asegurada”, criticó durante la sesión. Además, indicaba que los problemas de coordinación horaria entre líneas estatales y autonómicas pueden dificultar aún más el acceso al transporte público en zonas poco comunicadas.
El Ejecutivo aragonés reitera su voluntad de diálogo, pero insiste en que no puede asumir un modelo que debilita la vertebración del territorio, y pide que el transporte rural no quede supeditado a la lógica económica de las grandes operadoras.
