El exrector Mayoral, otra vez señalado: querella por prevaricación por su gestión en Unizar
Una nueva adhesión judicial vuelve a poner bajo foco a la antigua dirección de la Universidad de Zaragoza. El Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha incorporado recientemente un escrito que se suma a la querella que fue presentada el pasado mes de abril contra el exrector José Antonio Mayoral, al frente de la institución entre 2016 y 2025, y tres integrantes de su equipo de gobierno. El procedimiento se originó a raíz de una denuncia por presunta prevaricación administrativa vinculada a decisiones adoptadas en materia de gestión interna, y ahora otro funcionario público ha decidido respaldarla con una ampliación documental en la que se detallan nuevas consideraciones.
La querella inicial, impulsada por quien fuese director jurídico de la universidad, señalaba actuaciones relacionadas con procesos de promoción interna, la concesión de premios de jubilación y demoras en el abono de cuotas de la Seguridad Social. Ese conjunto de decisiones, según la denuncia inicial, habría provocado un perjuicio económico superior a los dos millones de euros y se habría traducido en beneficios para determinados empleados. La nueva adhesión incide en esta línea y pone el acento en dos aspectos concretos: el sistema de estabilización profesional y el uso de comisiones de servicio dentro de la institución académica.
El funcionario que presenta este último escrito sostiene que durante el mandato de Mayoral se estableció un criterio de valoración que favorecía de forma notable la experiencia adquirida en la propia Universidad de Zaragoza frente a la obtenida en otros centros públicos. Según recoge el documento presentado el 4 de noviembre, los años de servicio en Unizar se puntuarían con once puntos anuales, mientras que la experiencia previa en otras universidades se valoraría con 5,5 puntos. La denuncia califica esta diferencia como injustificada y discriminatoria, subrayando que esa práctica habría sido habitual durante el periodo investigado.
Además, el querellante aporta cifras relativas a los puestos cubiertos mediante comisión de servicios. De acuerdo con sus datos, desde 2019 existirían 116 plazas asignadas por este mecanismo. De ellas, 85 corresponderían a la etapa de rectorado de Mayoral y 31 se habrían otorgado ya con el nuevo equipo rectoral. El texto describe este procedimiento como poco transparente y presume de que, supuestamente, se habría utilizado para adjudicar puestos a candidatos concretos evitando la concurrencia abierta.
La adhesión registrada solicita que se tome declaración a los implicados, diligencia que ya había sido planteada en la querella inicial por el abogado Javier Bellot. A pesar de ello, todavía no se ha llevado a cabo. Una vez recibida la documentación requerida por el juzgado, la defensa del primer querellante prevé solicitar la prórroga del proceso de instrucción con el objetivo de que continúe la investigación.
El escrito que originó el procedimiento judicial señalaba también que las actuaciones denunciadas podrían no limitarse al presunto delito de prevaricación administrativa. Según la visión del exdirector jurídico, podrían encajar además en tipificaciones relativas a malversación, tráfico de influencias o pertenencia a grupo criminal. En su momento afirmó haber advertido a Mayoral de las posibles consecuencias penales de algunas decisiones, pese a contar, según indica, con informes adversos tanto del servicio jurídico universitario como, en ocasiones, de la Abogacía del Estado.
Con la incorporación de esta nueva adhesión, el procedimiento continúa su curso sin que por el momento existan resoluciones judiciales concluyentes. El juzgado mantiene abiertas las diligencias mientras analiza la documentación remitida y las solicitudes de ampliación formuladas por las partes implicadas.
