El cierre del Parque Bruil desata un choque entre vecinos y Ayuntamiento: "No nos han consultado"
El anuncio del cierre nocturno del Parque Bruil cuando finalicen las obras ha abierto un nuevo frente de tensión en Zaragoza. Mientras el Ayuntamiento sostiene que se trata de una medida imprescindible para evitar problemas de insalubridad y vandalismo, parte del vecindario asegura que no ha sido informada ni consultada.
Las asociaciones firmantes han respondido directamente a las declaraciones de la alcaldesa, Natalia Chueca, quien había asegurado mantener un “contacto permanente” con el entorno vecinal. Según denuncian, ese diálogo “no ha existido en ningún caso”.
Además, critican que el cierre nocturno “vulnera el derecho de libre acceso” y supone una “criminalización de las personas sin hogar”, al entender que la medida no soluciona el problema, sino que lo desplaza de un lugar a otro.
El malestar también se extiende a otros aspectos de la intervención, como las talas de árboles, el deterioro de ejemplares durante las obras o el cierre prolongado de zonas del parque. Reclaman un espacio “vivo y libre”, con zonas infantiles de calidad y una mayor implicación vecinal en su cuidado.
En este contexto, han convocado un acto reivindicativo el próximo 19 de abril para visibilizar su rechazo a la decisión.
EL AYUNTAMIENTO DEFIENDE EL "CIERRE VIRTUAL"
Por su parte, el consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha defendido la medida como “absolutamente necesaria” para evitar que el parque vuelva a una situación de degradación.
Según explica, el modelo será un “cierre virtual”, con horarios: de domingo a jueves a las doce de la noche. Y los jueves, viernes y sábados a la 1.30 horas. La regulación se apoyará en señalización específica y mayor control de la Policía Local, siguiendo el ejemplo del Parque del Retiro.
La normativa limitará determinados usos nocturnos: no se permitirá reunirse en bancos, sentarse en grupo ni dormir en el parque, aunque sí se contemplan excepciones como el tránsito o la suelta de perros.
El conflicto ha derivado también en un choque político. Lorén ha señalado a “colectivos de izquierdas” y ha responsabilizado al Gobierno central de la situación de las personas sin hogar, defendiendo que el Ayuntamiento ya destina casi 100 millones de euros a políticas sociales.
En paralelo, los vecinos insisten en que el problema requiere soluciones estructurales, especialmente en materia de vivienda, y no medidas restrictivas sobre el uso del espacio público.
