El derribo del colegio Jesús y María sigue adelante sin orden judicial de paralización

El consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que "no hay una orden de paralización del derribo" del colegio Jesús y María, un inmueble actualmente en proceso de demolición. Esta declaración se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) aceptara como prueba varios informes presentados por la Asociación Apudepa y ordenara un nuevo estudio a la Universidad de Zaragoza sobre el valor patrimonial del edificio.

Serrano ha reiterado en rueda de prensa que, a día de hoy, "no existe ninguna resolución judicial que obligue a paralizar los trabajos", y que la decisión del TSJA se limita a la admisión de los informes periciales y a la elaboración de un nuevo estudio académico. Además, el consejero ha indicado que la asesoría jurídica municipal está analizando la situación, dado que la demolición ya se encuentra entre el 75 % y el 80 % de ejecución.

El responsable de Urbanismo ha recordado que la justicia ya rechazó anteriormente la solicitud de Apudepa de suspender cautelarmente el derribo. También ha enfatizado que la licencia para la demolición fue concedida el pasado año sin que Apudepa ni ninguna otra entidad o partido político la recurriera. Asimismo, ha subrayado que la petición de la asociación para incluir el colegio en el catálogo de bienes protegidos fue rechazada por los expertos municipales sin que se presentaran recursos contra esta decisión.

Por otro lado, el TSJA ha autorizado a la parte demandante a acceder al inmueble acompañada de un perito especializado para evaluar su estado y determinar su valor arquitectónico. Este nuevo informe, elaborado por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, deberá determinar el grado de protección que correspondería al edificio y qué elementos deberían preservarse.

Serrano ha insistido en que "en 29 años, nadie ha incluido este inmueble en el catálogo de bienes protegidos", lo que considera un dato significativo desde el punto de vista político. "No tengo un acto administrativo ni jurídico que determine la paralización del derribo. Si lo hubiera, por supuesto que al minuto se acordaría", ha sentenciado el consejero.