Los distritos de Zaragoza podrían cambiar sus límites y los barrios ‘olvidados’ recuperar su esencia
El Reglamento de Organización Territorial y Participación Ciudadana ha estado vigente durante dos décadas. En más de 60 sesiones de trabajo, con la participación de 40 entidades y 80 asociaciones vecinales, se lograron consensos para que los zaragozanos tuvieran un papel más activo en la vida municipal. Sin embargo, la sociedad ha cambiado, y ahora se está renovando el reglamento.
El Ayuntamiento aborda esta renovación "sin líneas rojas" y con la meta de implementarlo en enero de 2025. Los miembros del Consejo de Ciudad ya están revisando un borrador que combina el texto actual con propuestas para una nueva versión. El plan es debatirlo en tres sesiones trimestrales: organización territorial, participación ciudadana y el texto definitivo. Si se necesita más tiempo, el plazo se extenderá. El nuevo reglamento entrará en vigor tras su aprobación en el pleno municipal.
El concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, destaca que esta reforma es uno de los "grandes proyectos" de su departamento. El borrador propone simplificar el texto, incrementar la presencialidad en los órganos competentes y actualizar los umbrales mínimos para iniciar y validar procesos participativos. También aborda cómo el Ayuntamiento debe relacionarse con los ciudadanos a través de las redes sociales, algo impensable hace 20 años.
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
En la primera sesión del Consejo de Ciudad se discutirá la organización territorial, momento en el cual se podrán presentar y decidir sobre posibles cambios. En los últimos 50 años, ha habido unas treinta modificaciones en los límites de los distritos. Desde 1981, se ha pasado de 12 a 15 distritos, incluyendo Santa Isabel, Miralbueno y el Distrito Sur, y dividiendo Margen Izquierda en Actur-Rey Fernando y El Rabal.
El borrador contempla dieciséis distritos: Centro, Casco Histórico, Delicias, Universidad, San José, Las Fuentes, Oliver-Valdefierro, Torrero, Actur-Rey Fernando, El Rabal, Casablanca, Santa Isabel, Miralbueno, Sur y Distrito Rural. Este último incluye catorce barrios rurales: Alfocea, Casetas, Garrapinillos, Juslibol, La Cartuja Baja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Gregorio, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid, Venta del Olivar y Villarrapa.
La modificación de la delimitación actual requiere "acuerdo del pleno municipal por mayoría absoluta". Se propone que los límites coincidan con los distritos censales, zonas escolares y zonas básicas de salud. El reglamento actual sugiere que los nuevos distritos y barrios rurales consideren "las nuevas infraestructuras de la ciudad y su repercusión física y sociológica, procurando que los límites coincidan con accidentes geográficos o elementos urbanísticos reconocibles y perdurables". A pesar de los 20 años transcurridos, existen disfunciones como que grandes vías como el Camino de las Torres y Miguel Servet sean fronteras entre dos distritos distintos.
El presidente de una junta de distrito y el alcalde de barrio convocarán los plenos con cinco días de antelación, en lugar de los dos días actuales. La convocatoria se publicará en la plataforma de gobierno abierto y en el tablón de anuncios, como se hace actualmente. Aunque se sigue apostando por la presencialidad, se permitirá que, "excepcionalmente y por motivos de enfermedad", los miembros participen en las sesiones de forma telemática, siempre que sea posible verificar su identidad y mantener la interactividad.
COMPETENCIAS DE LOS ALCALDES RURALES
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza quiere iniciar un proceso de desconcentración y descentralización de las competencias en la gestión local y para ello defenderán, en el próximo Pleno, una moción para dotar de mayor responsabilidad y autonomía a los alcaldes de los barrios rurales con el fin de mejorar la eficacia de sus gestiones.
La propuesta, expuesta por la portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, incluye la creación de una partida de 500.000 euros para el actuaciones de mantenimiento en los barrios rurales, así como el inicio de un proceso por el que se delegaría una serie de competencias todavía pendientes de concretar en las juntas vecinales.
El primero de los puntos de la moción socialista, en el que se reclama la convocatoria de un Consejo territorial al que asista la alcaldesa para que sea conocedora de los problemas, ya se puede dar por cumplido tras convocarse el pasado día 20 el Consejo de Alcaldes, siete días después de la presentación de la moción de los socialistas.
En cuanto al resto de los otros tres puntos, Becerril ha explicado que la moción pretende dotar de mayor autonomía a los alcaldes revisando las competencias para ganar eficacia, de manera que no tengan que "colapsar" los servicios del Ayuntamiento con sus diferentes problemas, muchas veces comunes a sus vecinos.
La partida de 500.000 euros que también se incluye vendría acompañada por un incremento del importe municipal de las partidas de inversiones que complementan el convenio que impulsa la DPZ, de 12 millones de euros, destinado a mejorar o crear nuevas infraestructuras como polideportivos, bibliotecas o centros sociales.
