El TSJA da la razón al plan inicial de Chueca para La Romareda, donde el Real Zaragoza podría haber pagado todo el estadio
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido una sentencia favorable al Ayuntamiento de Zaragoza, en relación con la paralización del proyecto de construcción del nuevo estadio de La Romareda. El fallo desestima la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), que había anulado el proceso en 2023 tras un recurso interpuesto por Podemos, recurso que ahora se demuestra "sin fundamento" según el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.
El TSJA ha señalado una "desviación procesal" y una "incompetencia manifiesta" por parte del TACPA, órgano dependiente del Gobierno de Aragón, al anular el proceso de contratación que el Ayuntamiento había impulsado para que una entidad privada construyera el nuevo estadio mediante un derecho de superficie de 75 años, sin coste para las arcas públicas.
Serrano ha recordado que el recurso de Podemos, apoyado por los partidos de izquierda, no solo bloqueó el proyecto, sino que ahuyentó a los inversores internacionales y a los avalistas del Real Zaragoza, lo que impidió que el club acometiera en solitario la construcción de La Nueva Romareda.
UN PROYECTO BLOQUEADO QUE AHORA COSTARÁ DINERO PÚBLICO
El consejero ha criticado que estas maniobras políticas hayan supuesto un coste innecesario al erario público y a los ciudadanos, ya que el proyecto, inicialmente planteado sin financiación pública, finalmente se ejecutará con fondos municipales. "Ahora, gracias a la agilidad y gestión de la alcaldesa, Natalia Chueca, y al cambio de gobierno en el Ejecutivo autonómico, estamos inmersos en un proyecto muy potente e ilusionante, pero ese coste podría haberse evitado", ha afirmado.
UN FALLO FIRME DEL TSJA
El fallo del TSJA es definitivo y confirma que el TACPA cometió un error al no declararse incompetente para resolver el recurso. El tribunal critica que este órgano ejerció una competencia preventiva, infringiendo la normativa vigente, lo que derivó en la anulación del procedimiento de licitación sin base legal. El TSJA subraya que la licitación no era un contrato administrativo, como sostenía el TACPA, y que este órgano no tenía potestad para anular una resolución que no le correspondía.
Además, el tribunal señala que en el recurso de Podemos no se aportó ninguna prueba contundente para justificar la anulación del procedimiento, lo que agrava aún más la actuación del TACPA.
CONSECUENCIAS
Este fallo supone un importante respaldo para el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya había conseguido desbloquear cautelarmente el proceso en julio de 2023. Sin embargo, el daño provocado por el recurso de Podemos y el fallo inicial del TACPA ha sido considerable, ya que ha implicado un cambio en el esquema de financiación, que ahora recaerá en dinero público en lugar de ser asumido por el Real Zaragoza de forma privada.
"Estas decisiones del pasado, marcadas por la carrera electoral de los partidos de izquierda, han supuesto un coste para los ciudadanos que podría haberse evitado", concluyó Serrano.
