Patrimonio perdido y planes en el aire: la polémica del convento de La Romareda
El derribo del convento de San Juan de Jerusalén supuso el final de un capítulo histórico para Zaragoza. Lo que fue durante décadas un centro religioso y arquitectónico del barrio de Universidad, despareció del paisaje urbano sin que, por el momento, exista un proyecto firme que lo sustituya.
El grupo inversor aragonés Bancalé inició su demolición en julio de 2023, tras una larga batalla legal en la que finalmente obtuvo el visto bueno del Ayuntamiento. Una de las firmas inversoras privadas más reconocibles de Aragón, Bancalé —liderada por Juan Fabre— adquirió en 2019 la propiedad a través de su empresa Enta Properties y acabó recurriendo a la Justicia para conseguir el aval municipal.
El antiguo convento, sin uso desde que en 2014 lo abandonaron las últimas cinco monjas de la congregación, fue adquirido con el objetivo de crear un complejo residencial para personas mayores —con pisos tutelados— y una residencia para estudiantes sanitarios, como los médicos internos residentes (MIR). La licencia fue concedida el 17 de julio, y en cuestión de días comenzaron los trabajos para eliminar los 2.775 metros cuadrados construidos, incluyendo el convento, viviendas anexas y almacenes. El edificio había sido adquirido por la firma Enta Properties por un importe cercano a los seis millones de euros.
El plan anunciado contempló una inversión cercana a los 80 millones de euros para levantar una residencia de mayores de 120 plazas, apartamentos tutelados para personas válidas y hasta 200 estudios destinados a sanitarios en formación, como médicos residentes (MIR) y enfermeros (EIR). Sin embargo, la concreción del proyecto depende todavía de la selección del operador que se encargue de su explotación. La redacción definitiva del diseño urbanístico estaba prevista para el otoño de 2023, pero aún no se ha materializado.
La polémica en torno al convento no ha sido solo urbanística, sino también patrimonial. En 2019, el entonces concejal de Urbanismo por Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, impulsó un informe técnico que proponía estudiar su catalogación para evitar su derribo.
No obstante, tras el cambio de gobierno, el nuevo equipo liderado por el PP encargó otro informe que determinó que no había motivos para proteger el inmueble. Esta divergencia administrativa derivó en un procedimiento judicial en el que el juez concluyó que ni el Ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón tomaron decisiones eficaces para preservar el edificio, lo que permitió avanzar con el derribo.
El convento se alzaba en una manzana de más de 9.200 metros cuadrados, con una edificabilidad que supera los 14.000 m². La ubicación, junto a los principales centros sanitarios de Aragón, lo convertía en un enclave estratégico para el desarrollo de residencias sanitarias, un uso con alta demanda en la ciudad.
A día de hoy, la manzana permanece vacía, sin construcciones nuevas ni obras iniciadas, a la espera de que se concreten las promesas inversoras. Mientras tanto, se puede contemplar cómo se ha perdido otro fragmento del patrimonio de la ciudad, sin que se haya ofrecido un plan concreto ni calendario definitivo de ejecución. La incertidumbre sobre los siguientes pasos alimenta la sensación de que el barrio ha perdido una pieza clave de su identidad sin obtener, por ahora, nada a cambio.
