El PSOE arremete contra Chueca por su "falta de planificación" ante el crecimiento previsto en Arcosur
El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha lanzado una dura crítica a la “falta de planificación” del Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa Natalia Chueca, ante el crecimiento urbano de Zaragoza. Royo ha pedido consenso político para afrontar con responsabilidad el desarrollo previsto en Arcosur, uno de los principales proyectos urbanísticos de la capital aragonesa.
Durante una interpelación en la Comisión de Urbanismo, celebrada este lunes, el edil socialista solicitó al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, explicaciones sobre el papel que desempeñará el Ayuntamiento en la adquisición de suelo por parte del Gobierno de Aragón en esa zona. Según Royo, este asunto es de gran trascendencia porque condicionará el futuro crecimiento y la planificación de la ciudad en las próximas décadas.
El concejal manifestó que el PSOE “verá siempre con buenos ojos” cualquier intento de desbloquear desarrollos urbanísticos que aumenten la oferta de vivienda en Zaragoza. No obstante, advirtió que le preocupa que esta operación “sea más un mero pistoletazo efectista con el que lanzar la campaña electoral del señor Azcón” que un verdadero ejercicio de planificación estratégica y sostenible. Para Royo, el urbanismo no puede usarse como herramienta electoral, sino como instrumento de equilibrio territorial y bienestar ciudadano.
El edil señaló que conoció por los medios de comunicación el protocolo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, Ibercaja y la Junta de Compensación de Arcosur. Según indicó, dicho acuerdo “va más allá de lo que en un primer momento se había planteado”, ampliando los compromisos iniciales y las implicaciones financieras y urbanísticas.
De acuerdo con las explicaciones del concejal, el mecanismo del protocolo contempla la adquisición de suelo por parte del Gobierno de Aragón para unas 3.300 viviendas: 800 propiedad del Ayuntamiento, 1.000 de Ibercaja y 1.500 de la Junta de Compensación. Todo ello supondrá inyectar fondos procedentes de los aprovechamientos generados a través de los PIGAS, lo que permitiría acometer la urbanización del sector —aproximadamente un 25 % del total— valorada en unos 130 millones de euros. El objetivo sería finalizar esta fase antes del año 2030.
Royo expresó su satisfacción por cualquier iniciativa que ayude a desbloquear la construcción de vivienda, especialmente si incluye vivienda protegida, aunque insistió en la necesidad de hacerlo con rigurosa planificación. Recordó que el ritmo actual de construcción en Zaragoza está “muy lejos” de cubrir las necesidades derivadas del crecimiento demográfico.
Según explicó, mientras el INE señala que los hogares en Zaragoza crecen a un ritmo de 7.000 anuales, las licencias de obra nueva apenas alcanzan las 1.900 al año. Este desajuste entre oferta y demanda, afirmó, es uno de los principales factores que explican la actual crisis de precios en el mercado inmobiliario. Por ello, subrayó que toda medida que aumente la oferta de vivienda debe ser bienvenida, siempre que se acompañe de planificación, infraestructuras y servicios adecuados.
Sin embargo, Royo reprochó al consejero Serrano las “formas” y la “falta de voluntad constructiva” con la que se está abordando el proyecto. A su juicio, “no se trata de una simple modificación urbanística, sino de una operación que transformará la fisonomía, la demografía y la sociología de Zaragoza”. En este sentido, criticó la falta de diálogo y de grandes acuerdos, recordando que “gobernar sin buscar consensos es un error estratégico”.
El concejal también planteó dudas jurídicas y técnicas sobre la figura del protocolo de colaboración empleada, frente a la posibilidad de un convenio con obligaciones legales exigibles. Según explicó, “entre una y otra figura hay la misma distancia que entre un documento vinculante y otro meramente declarativo”. Además, consideró “temerario” el objetivo de completar la urbanización en solo cuatro años, más aún en un contexto de inestabilidad política y sin presupuestos aprobados para 2026.
En cuanto a las magnitudes del proyecto, Royo destacó que el convenio prevé la construcción, en unos diez años, de entre 18.000 y 20.000 viviendas, lo que supondría asentar en Arcosur a unas 75.000 personas. Esto equivale a la población conjunta de Huesca y Teruel capital, o el doble de habitantes del barrio de La Almozara, creando prácticamente un nuevo distrito urbano.
Ante esta previsión, el edil alertó de los problemas de movilidad y servicios que podrían generarse. Recordó que el punto más alejado de la plaza de España en el Arrabal está a 3,6 kilómetros, mientras que en Arcosur alcanza los 8 kilómetros, lo que dificultará los desplazamientos y podría colapsar el transporte público, especialmente el tranvía. “¿De verdad la simple ampliación de la línea 1 solucionaría algo o colapsaría el servicio actual en Valdespartera?”, se preguntó.
Asimismo, instó a valorar el impacto sobre el cuarto cinturón y las nuevas necesidades educativas y sanitarias que generará un crecimiento tan acelerado.
“falta de planificación global del crecimiento urbano”
Finalmente, Royo reiteró que la actuación del Gobierno de Natalia Chueca evidencia una “falta de planificación global del crecimiento urbano”. Por ello, recordó que el grupo socialista ha reclamado la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adaptar la ciudad a los retos del futuro.
“No hay un plan real para garantizar que el crecimiento de Zaragoza mantenga la calidad de vida, los servicios y la identidad de la ciudad”, concluyó el concejal.
