El riesgo de las cámaras de grabación en el pecho de la Policía Local de Zaragoza
La Policía Local de Zaragoza estrenó recientemente las cámaras unipersonales de videovigilancia. Los agentes de la UAPO (Unidad de Apoyo Operativo), encargados de vigilar zonas de gran afluencia pública, ya las portan en sus uniformes. El Ayuntamiento compró 752 cámaras del modelo Axon Body 3 por medio millón de euros, pero estuvieron meses sin usarse. Finalmente, fue el Ayuntamiento quien decidió que se empezaran a utilizar, ya que la Delegación del Gobierno y la Comisión de Videovigilancia dijeron que no eran responsables de autorizarlas.
Sin embargo, apenas dos meses después de su implementación, estas cámaras han generado una ola de preocupación y críticas entre los agentes y los sindicatos. Según denuncias trasladadas a los sindicatos, las cámaras se activan accidentalmente en múltiples situaciones: al rozar con el asiento del vehículo, al realizar gestos cotidianos como abrazar a alguien, e incluso al entrar en contacto con dispositivos TÁSER de la Policía Nacional. Estas activaciones involuntarias resultan en la grabación de imágenes en contextos que podrían vulnerar el derecho a la intimidad de los agentes.
Otro punto de fricción es el acceso a las grabaciones. La representación sindical de UGT ha alertado sobre la posibilidad de que las imágenes sean visualizadas en directo desde el órgano de control, algo que contravendría la normativa interna que regula su uso. Este tipo de prácticas, sumadas a la falta de garantías claras sobre el manejo de los datos, preocupan a los agentes y a los sindicatos. Por otro lado, existen temores fundados sobre el acceso a grabaciones tomadas en espacios sensibles, como vestuarios o situaciones incómodas.
Desde la sección sindical de UGT, se ha trasladado una comunicación oficial a la responsable de Protección de Datos del Ayuntamiento de Zaragoza, subrayando que las cámaras vulneran los derechos fundamentales de los agentes, específicamente su derecho a la imagen y a la intimidad. Como medida inmediata, se ha solicitado la suspensión del uso de estos dispositivos hasta que se aclaren todos los aspectos relacionados con su funcionamiento, supervisión y legalidad.
RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ante las críticas de los sindicatos y agentes de la Policía Local de Zaragoza sobre el uso de las cámaras unipersonales, el Ayuntamiento ha respondido a HOY ARAGÓN aclarando varios puntos clave sobre su funcionamiento y gestión.
Según fuentes municipales, las cámaras no se activan de manera automática ni accidental. Para que comiencen a grabar, es necesario que el agente pulse un botón específico. "No es que las cámaras graben accidentalmente; son los policías quienes las activan por error al no estar familiarizados con su uso", han señalado.
Por este motivo, se ha establecido un periodo de formación y prueba para enseñar a los agentes a manejar correctamente estos dispositivos. Este proceso es gradual y se lleva a cabo de manera paulatina, como ya se anunció al inicio del programa. En el caso de la USN (Unidad de Seguridad Nocturna), desde el Ayuntamiento aseguran que no se ha paralizado su implementación, sino que su incorporación definitiva tendrá lugar una vez que todos los agentes hayan recibido la formación adecuada y se hayan resuelto las incidencias actuales.
El Ayuntamiento también ha destacado que estas cámaras no son una novedad exclusiva de Zaragoza. "Este modelo ya es utilizado por la Policía Nacional y otras policías locales en Aragón, como la de La Almunia de Doña Godina", subrayan, destacando que su uso está avalado por su implementación en otros cuerpos de seguridad.
En cuanto a las grabaciones, el Consistorio insiste en que no existe una retransmisión en directo de las imágenes. Los vídeos grabados se almacenan en el dispositivo de la cámara y, cuando es necesario revisarlos, son gestionados por una Secretaría Técnica de la Policía Local, compuesta por funcionarios públicos. Estas personas verifican las grabaciones para determinar si fueron activadas accidentalmente o si corresponden a intervenciones reales.
"Si un agente asegura que la cámara grabó por error, se revisa el contenido para comprobarlo y garantizar que se cumplan los protocolos. Esto es necesario para evitar que se alegue un uso accidental en situaciones en las que podría haberse producido una intervención legítima", explican desde el Ayuntamiento.
Por último, el Consistorio ha reiterado que la Delegación del Gobierno, al considerar que no tenía competencias sobre este tema, dejó en manos del Ayuntamiento la decisión final sobre la puesta en marcha de las cámaras.
