El supervisor del centro de menores de Ateca donde hubo torturas y abusos ya está imputado pero sin prisión
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, Aída Ramírez, tomó declaración este martes al supervisor del Centro de Atención a Menores (CAM) de Ateca, Miguel Ángel V.P., como investigado por delitos cometidos contra menores residentes en el centro.
De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la jueza considera que existen "indicios racionales y suficientes de criminalidad" para imputar al supervisor varios delitos, entre ellos, omisión del deber de socorro, lesiones, torturas, delitos contra la integridad moral y agresión sexual a menores de edad, estos últimos en calidad de cooperador necesario. Estos delitos serán objeto de investigación a lo largo de la instrucción del caso.
Miguel Ángel V.P. fue detenido el pasado lunes por la Guardia Civil en la localidad madrileña de Móstoles y trasladado a Calatayud para prestar declaración ante la jueza. Como supervisor, formó parte del equipo de dirección del centro desde junio de 2017 hasta junio de 2024.
DENUNCIAS EN AUMENTO
La investigación judicial se inició tras las denuncias presentadas por dos menores residentes del centro, de 16 y 17 años, pero el número de denuncias ha ascendido a 19. Estas denuncias, presentadas ante la Guardia Civil, están siendo investigadas en el juzgado.
MEDIDAS CAUTELARES
Aunque el Ministerio Fiscal no solicitó la prisión provisional, la jueza, de acuerdo con la fiscalía, ha considerado que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de que el investigado actúe contra los bienes jurídicos de las víctimas, dado que está jubilado y no trabaja con menores. Tampoco se ha acreditado que haya intentado influir en las víctimas ni destruir pruebas.
Por ello, la jueza ha dictado un auto de libertad provisional sin fianza, aunque le ha impuesto una serie de medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional, obligación de comparecer en el juzgado todos los lunes, y de notificar cualquier cambio de domicilio.
La jueza ha advertido al investigado que, en caso de incumplir estas medidas, su situación personal podría ser revisada, con la posibilidad de imponer restricciones más severas, como el ingreso en prisión.
La investigación judicial sigue su curso y se centrará en esclarecer los hechos denunciados por los menores residentes en el centro. La jueza ha subrayado la necesidad de investigar todos los indicios de criminalidad que pesan sobre Miguel Ángel V.P., especialmente en lo que respecta a los delitos de los que se le acusa en calidad de cooperador necesario.
