Tensión entre PSOE y PP en Zaragoza por las obras de Saltoki: amenazas de Fiscalía y acusaciones de "fango político"
El Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra en el centro de un rifirrafe político tras las denuncias del PSOE sobre las obras en una parcela privada vinculada a Saltoki, cuyo coste asciende a 4,1 millones de euros. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía si no se aprueba la comisión de investigación que su grupo propone en el pleno municipal del próximo jueves.
Ranera ha denunciado un supuesto "abuso" en el uso de contratos de emergencia por parte del gobierno municipal, asegurando que estas prácticas han sido recurrentes desde 2020, aunque en los últimos años han aumentado "de forma injustificada". Según los datos aportados por el PSOE, el gasto en estos contratos ha pasado de 3,6 millones de euros en 2020 a 4,2 millones en 2023, a pesar de que "no existe una situación de excepcionalidad".
CRÍTICAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA
"El Gobierno del PP está eludiendo los controles administrativos, adjudicando obras a dedo y pagando con dinero público actuaciones en terrenos que, en su mayoría, no son de propiedad municipal", denunció Ranera. Por ello, el PSOE ha solicitado informes jurídicos y exige transparencia por parte del Ejecutivo local.
RESPUESTA DEL PP: ACUSACIONES DE CHANTAJE
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha rechazado las acusaciones y acusado al PSOE de querer "enfangar" la política local. Serrano criticó que Ranera haya planteado lo que considera una "disyuntiva de chantaje" entre aprobar la comisión o acudir a la Fiscalía.
“Que acuda al Ministerio Público cuando quiera. Este Gobierno ha dado todas las explicaciones requeridas y ha actuado con total transparencia”, declaró Serrano. También cuestionó el rigor de las declaraciones socialistas, asegurando que Ranera "ni siquiera se ha leído los informes" y que el definitivo de la Intervención General no detecta irregularidades en la contratación por emergencia para estas obras.
El portavoz popular insistió en que las decisiones se tomaron basándose en informes técnicos que recomendaban continuar los trabajos para evitar riesgos mayores. Serrano se mostró tajante al afirmar: "No vamos a ceder ante chantajes" y defendió la actuación del gobierno municipal como "transparente y ajustada a la legalidad".
El pleno del próximo jueves será decisivo para saber si la propuesta socialista para investigar el caso recibe el respaldo suficiente.
