Zaragoza no prohibirá las viviendas turísticas y rechaza que sean un problema

En la capital aragonesa hay 601 viviendas de uso turístico y en ciudades como Sevilla 5.430 viviendas.

El consejero municipal de Urbanismo, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, afirmó este miércoles que "Zaragoza hoy no tiene un problema con las viviendas de uso turístico" y que las políticas de la alcaldesa, Natalia Chueca, no buscan prohibirlas, sino "ordenar y regular aquello que pueda llegar a suponer un problema".

Serrano destacó en rueda de prensa que "en Sevilla hay 5.430 viviendas de uso turístico, mientras que en Zaragoza hay 601", lo que indica que la magnitud del problema es mucho menor en la capital aragonesa. Añadió que las características de Zaragoza en materia de turismo contribuyen a que este fenómeno no sea problemático actualmente.

Sin embargo, reconoció que el Ayuntamiento está estudiando el fenómeno. "Estamos trabajando en hacer una diagnosis seria que nos diga si puede llegar a ser un problema a medio plazo y, de ser así, nos pondremos a trabajar", insistió.

El consejero mencionó que existen muchas medidas posibles, citando ejemplos como "el otorgamiento de licencia" en Sevilla o "modificar la ley urbanística" y establecer "una limitación expresa similar a una zona de distancias mínimas o una zona saturada" en Madrid.

"Una vez que tengamos esa diagnosis hecha, esa evaluación y, sobre todo, esa prospección de hacia dónde vamos, tendremos la oportunidad de explicar, primero a los grupos municipales y, después, a los medios de comunicación en qué vamos exactamente a trabajar", concluyó Serrano.

OBLIGACIONES EN LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

Las personas físicas o jurídicas que gestionan actividades de hospedaje, como las viviendas de uso turístico, deben cumplir con una serie de obligaciones legales para garantizar el adecuado funcionamiento de sus establecimientos y contribuir a la seguridad ciudadana.

Una de estas obligaciones es llevar un registro documental completo y actualizado de los huéspedes que alojan en sus instalaciones. Este registro debe incluir información detallada sobre la identidad de los huéspedes, como nombres, apellidos, nacionalidad y documento de identificación, así como las fechas de entrada y salida de cada uno de ellos.

Este registro no solo es una medida de seguridad, sino que también es fundamental para cumplir con la normativa vigente y para gestionar eficientemente el negocio de alojamiento turístico.

Además del registro de huéspedes, los alojamientos turísticos están obligados a realizar la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo del Gobierno de Aragón. Este registro es fundamental para garantizar la legalidad y la calidad de los establecimientos turísticos en la región.

Estas medidas permiten a las autoridades llevar un control adecuado sobre la oferta de alojamiento y asegurar que cumple con los estándares establecidos en materia de seguridad, higiene y servicios ofrecidos.

La inscripción en este registro también es un requisito indispensable para poder operar como alojamiento turístico de manera legal y evitar posibles sanciones administrativas. El cumplimiento de estas obligaciones es esencial para garantizar un turismo seguro y de calidad en la región de Aragón.

Aquella persona que esté ejerciendo actividades de hospedaje debe ponerse en contacto con Policía Nacional o aquel Cuerpo de Seguridad que tenga competencia en el lugar donde esté ubicada la vivienda, quienes le acreditarán y le facilitarán un usuario y contraseña para poder comunicar informáticamente los datos.

Una vez acreditado como anfitrión de alojamiento turístico, se puede acceder al programa habilitado por el Ministerio de Interior, incluso desde cualquier terminal móvil, y rellenar fácilmente así los datos de los huéspedes, que se envían telemáticamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El incumplimiento de esta obligación supone una infracción a la Ley Orgánica 4/2025, de Protección de la Seguridad Ciudadana. La carencia de estos registros o la omisión de estas comunicaciones obligatorias supone una infracción grave, que conlleva una sanción de multa que puede ir desde los 601 euros a los 30.000 euros, en función de las circunstancias.