Zaragoza exige al Gobierno el cumplimiento del compromiso de financiación: "Nos cuesta 5,2M al mes"
El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso firme para reclamar al Gobierno de España que cumpla con su promesa de actualizar en un 13,1% las entregas a cuenta que el Estado transfiere a los municipios. Una medida que, de no aplicarse, supondrá para la capital aragonesa una pérdida mensual de 5,2 millones de euros, lo que equivale a 62 millones al año.
Así lo ha denunciado la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien ha elevado esta demanda al resto de grupos políticos a través de una Declaración Institucional presentada en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento. Esta propuesta busca alcanzar un acuerdo unánime que refuerce la posición de Zaragoza frente al Ejecutivo central.
El origen de esta reclamación se encuentra en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada en julio de 2024, en la que la ministra de Hacienda se comprometió a incrementar las transferencias a las entidades locales. Un compromiso que, según ha subrayado Solans, sigue sin materializarse, provocando una merma total de ingresos de 4.280 millones de euros a nivel nacional.
Además de exigir el cumplimiento de este compromiso, el Gobierno municipal ha solicitado que se permita a los ayuntamientos con superávit, como el de Zaragoza, utilizar los remanentes para inversiones financieramente sostenibles. Actualmente, las reglas fiscales impuestas por el Estado obligan a destinar este dinero exclusivamente a amortizar deuda, lo que limita la capacidad de actuación de los consistorios.
En el caso de Zaragoza, el remanente asciende a 9,2 millones de euros, una cantidad que el Ayuntamiento quiere destinar a mejorar servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. “Pedimos poder reinvertir en la ciudad un dinero que ya hemos ahorrado, que es de todos los zaragozanos”, ha señalado la responsable de Hacienda.
La Declaración Institucional presentada está alineada con la posición unánime de todos los grupos políticos representados en la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): PP, PSOE, Junts, IU-Sumar, Podemos y ERC.
El pasado 8 de abril, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, envió sendas cartas al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para reclamar la adopción urgente de medidas legislativas que garanticen tanto la actualización de las entregas a cuenta como el abono de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado de 2023.
