La DGA denuncia un "atropello" de casi 100M por el recorte en financiación autonómica para 2025
Aragón perderá casi 100 millones en financiación autonómica en 2025 respecto a 2024, lo que el Gobierno autonómico califica de “atropello” y no descarta llevar a los tribunales.
El Gobierno de Aragón ha alzado la voz con contundencia tras la aprobación del Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2025. Según los cálculos oficiales, la comunidad recibirá 5.064 millones de euros, una cifra que representa casi 100 millones menos que en 2024. Este descenso llega pese a las afirmaciones del Ejecutivo central, que defiende que las comunidades autónomas recibirán un 2,5 % más de media en 2025. En el caso de Aragón, el ajuste equivale a un recorte del 1,8 %, agravando aún más la rebaja de 85 millones ya aplicada en julio del año pasado.
El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha calificado esta disminución presupuestaria como un “atropello”, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico tomará medidas legales si es necesario. “No es un regalo, es dinero que proviene de los impuestos de los aragoneses”, ha subrayado el consejero, visiblemente crítico con el trato recibido por parte del Ministerio de Hacienda.
UNA GESTIÓN SIN COMUNICACIÓN NI TRANSPARENCIA
Uno de los aspectos más criticados ha sido la falta de transparencia por parte del Gobierno central. Según ha denunciado Bermúdez de Castro, no se ha comunicado oficialmente a las comunidades el detalle de las entregas a cuenta, y muchas se han enterado de las cifras a través de la prensa y de lo que ha calificado como “notas propagandísticas”. Esta situación, ha señalado, no solo vulnera la relación institucional, sino que ha provocado graves perjuicios económicos a Aragón.
Desde comienzos de 2025, la comunidad ha estado recibiendo casi 62 millones de euros menos de lo que inicialmente se le había comunicado, lo que ha tenido impacto directo sobre la planificación presupuestaria de la región. La demora en la aprobación del decreto, que otras comunidades también han venido reclamando desde hace meses, ha sido definida por el consejero como “una vergüenza”. “Es lo que justamente nos corresponde por ley. No es algo que el Gobierno otorgue por cortesía. Y lo más grave es que llega con seis meses de retraso”, ha añadido.
UN CONTEXTO DE CREIMIENTO IGNORADO
Bermúdez de Castro también ha puesto sobre la mesa la paradoja de que esta reducción en la financiación autonómica llegue en un momento de expansión económica para Aragón, con indicadores positivos de crecimiento y desarrollo. “Esta comunidad está viviendo un momento de dinamismo económico y social. Y el Estado responde recortando los recursos públicos con los que garantizamos los servicios a nuestros ciudadanos”, ha lamentado.
El Gobierno de Aragón ha reiterado la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación autonómica, cuya obsolescencia y falta de equidad ha sido denunciada desde diversos territorios. En este sentido, el Ejecutivo aragonés exige al Gobierno central una propuesta integral de reforma que asegure una distribución justa de los fondos públicos y evite nuevos agravios comparativos.
Con este escenario, el conflicto entre Aragón y el Ministerio de Hacienda no solo está abierto, sino que se encamina a los tribunales, mientras la comunidad continúa reclamando lo que considera una deuda pendiente con sus ciudadanos.
