Pinturas, pleitos y pesetas: la historia completa de las obras de Sijena que Cataluña no consigue olvidar

Era 1983. España acababa de estrenar democracia, el Monasterio de Santa María de Sijena llevaba décadas abandonado en la estepa de los Monegros y una orden religiosa con problemas económicos decidió vender parte de su patrimonio artístico. La compradora fue el Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

El precio, 10 millones de pesetas. Nadie imaginaba entonces que aquella transacción, y otra que seguiría en 1992, iban a convertirse en uno de los conflictos institucionales más largos, enconados y costosos de la historia reciente entre Aragón y Cataluña.

Cuarenta y tres años después, el caso sigue abierto. El último capítulo llegó esta semana en forma de burofax: 790.119 euros reclamados al Gobierno de Aragón.

Un monasterio, una orden y unas obras que nadie custodiaba

Para entender por qué todo esto ocurrió hay que viajar a los Monegros de los años setenta. El Real Monasterio de Santa María de Sijena, fundado en el siglo XII por la reina Sancha de Castilla y vinculado históricamente a la Corona de Aragón, llevaba décadas en un estado de abandono progresivo.

La Orden Sanjuanista —formalmente la Orden de San Juan de Jerusalén— era su propietaria, pero carecía de medios para mantener y custodiar adecuadamente el patrimonio artístico que atesoraba entre sus muros.

A principios de los años setenta, la propia Orden tomó una decisión que entonces pareció razonable: depositar voluntariamente 44 de sus obras en el Museo Diocesano de Lleida. Allí estarían protegidas, conservadas y expuestas al público. Las otras 12 fueron a parar al Museo de Arte de Cataluña, actual Museu Nacional d'Art de Catalunya. El depósito era temporal, o al menos eso se entendía. Lo que nadie anticipó es que "temporal" acabaría durando décadas.

Las compraventas: 35 millones de pesetas por lo que no era suyo

En enero de 1983, con las obras ya instaladas en Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat dio un paso más allá del depósito. Formalizó un contrato de compraventa con la Orden Sanjuanista por 56 obras artísticas del monasterio, pagando 10.000.000 de pesetas. La vendedora fue Pilar Sanjoaquín Gràcia, actuando en nombre y representación de la Orden como madre federal y priora del Monasterio.

Nueve años después, en diciembre de 1992, se firmó un segundo contrato por más piezas del mismo conjunto: esta vez 25.000.000 de pesetas. La Generalitat se convirtió así, sobre el papel, en propietaria de 56 obras artísticas procedentes de uno de los monasterios más importantes de la historia aragonesa. Las piezas —pinturas murales, esculturas, orfebrería— pasaron a engrosar los fondos del Museo Diocesano de Lleida y, a partir de 1999, del recién creado Museu de Lleida: diocesà i comarcal.

Durante años, las obras formaron parte de la oferta museística leridana. Los visitantes pagaban entrada. El patrimonio de Sijena era, en la práctica, patrimonio expuesto de Lleida.

La batalla judicial: Aragón ganó en todas las instancias

El problema llegó cuando Aragón decidió reclamar judicialmente la titularidad de las obras. El argumento era sólido: los contratos de compraventa habían sido firmados por una representante de la Orden Sanjuanista que, según se acreditó, no tenía capacidad legal para vender ese patrimonio. Los bienes nunca debieron salir del Monasterio de Sijena.

En abril de 2015, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca dictó sentencia: los contratos de 1983 y 1992 eran nulos de pleno derecho. La propiedad de las obras siempre había correspondido a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena, no a la Generalitat. La sentencia obligaba a devolver las piezas.

Catalunya recurrió. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en enero de 2021 confirmó la sentencia oscense en todos sus términos. No había vuelta de hoja: las obras tenían que volver a Sijena.

El traslado se produjo el 11 de diciembre de 2017 —antes de la sentencia del Supremo, en ejecución de la de Huesca—, en una operación que generó imágenes de gran carga simbólica y una tensión institucional que tardó meses en rebajarse. Las 56 obras regresaron al monasterio aragonés del que nunca debieron salir.

Lo que los tribunales no resolvieron: el dinero

Las sentencias fueron claras sobre la titularidad. Lo que no resolvieron, al menos de forma explícita, fue la cuestión económica derivada de la declaración de nulidad. Y ahí es exactamente donde la Generalitat ha encontrado el resquicio para su reclamación de esta semana.

El razonamiento catalán se apoya en dos artículos del Código Civil. El artículo 1303 establece que cuando un contrato es declarado nulo, las partes deben restituirse mutuamente lo recibido. Si la Generalitat devuelve las obras, Aragón —o quien corresponda— debería devolver el precio pagado. Actualizado con el IPC, los 35 millones de pesetas de aquellos dos contratos suman hoy 420.317,82 euros.

El artículo 453 añade otro argumento: el poseedor tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios para la conservación del bien. La Generalitat sostiene que custodió y conservó las obras durante más de tres décadas —entre 1999 y 2016 en el Museu de Lleida— asumiendo costes que cifra en 370.801,65 euros actualizados. Costes que, en su argumentario, debería haber asumido quien ostentara la titularidad legítima.

La suma de los dos conceptos da exactamente 790.119,47 euros. El burofax enviado el 11 de mayo al Gobierno de Aragón reclama ese importe y da un plazo de 10 días para negociar y 30 días para pagar. Si no hay respuesta, anuncia acciones legales.

Por qué Aragón dice que no y por qué tiene argumentos para hacerlo

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, respondió esta semana con una dureza inusual incluso para un conflicto con el historial de este. Lo calificó de "excusas peregrinas" y describió la situación con una metáfora que se ha repetido mucho desde entonces: "Es como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire."

Pero más allá de la retórica política, la posición aragonesa tiene un fondo jurídico que merece atención. Los tribunales no solo declararon nulos los contratos: determinaron que la Generalitat nunca tuvo un derecho legítimo sobre las obras. Que los compró sabiendo —o debiendo saber— que quien las vendía no tenía plena capacidad para hacerlo. Ese matiz es crucial, porque el artículo 453 del Código Civil reconoce el derecho al reembolso de gastos de conservación, pero la interpretación de "buena fe" del poseedor es precisamente lo que está en disputa.

Aragón también tiene un argumento de fondo que Vaquero enunció sin rodeos: la Generalitat exhibió y cobró entrada por unas obras que no eran suyas durante décadas. El beneficio museístico obtenido durante ese tiempo es un factor que cualquier negociación o litigio futuro tendría que considerar.

Un conflicto que no termina

Lo más llamativo del caso Sijena es su capacidad para no cerrarse nunca del todo. Cada vez que parecía que una sentencia pondría punto final, aparecía un nuevo frente. Ahora, cinco años después de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra sobre la titularidad, la Generalitat abre un frente económico que los tribunales no habían abordado explícitamente.

El Gobierno de Aragón ha dicho que no negociará. Pero "no negociar" no equivale necesariamente a que el asunto quede cerrado. Si la Generalitat cumple su amenaza y acude a los tribunales, el caso Sijena tendrá una nueva fase judicial que podría prolongarse años.

Una disputa que arrancó con unos contratos firmados en pesetas en un España que acababa de salir del franquismo podría terminar —si es que termina— en los tribunales del siglo XXI con un debate sobre IPC, Código Civil y gastos de conservación museística.

Cuarenta y tres años después de aquella primera compraventa, el Monasterio de Sijena sigue en pie en los Monegros. Las obras han vuelto. Pero la historia, al parecer, todavía no ha terminado de contarse.