Aragón, en el mapa del mayor fraude del IVA en hidrocarburos: más de 300 millones bajo lupa
La Agencia Tributaria ha desarticulado una macrotrama de fraude del IVA en hidrocarburos con presencia en Aragón y un impacto superior a 300 millones de euros, una de las mayores investigaciones del sector en España.
La Agencia Tributaria ha desmantelado una de las mayores tramas de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos detectadas hasta la fecha en España. La investigación, desarrollada a lo largo de 2024, sitúa el presunto perjuicio económico por encima de los 300 millones de euros y señala una implantación operativa en todo el territorio nacional, con actuaciones también en Aragón.
Según ha informado la propia Agencia, la red estaba estructurada en 38 sociedades y habría diseñado un entramado complejo para eludir el pago del IVA, falsear declaraciones fiscales y canalizar posteriormente los beneficios obtenidos fuera de España con el objetivo de dificultar su rastreo.
Registros en Zaragoza y Huesca
En el marco de la operación, denominada Pamplinas Stars, se practicaron 18 entradas y registros en distintas comunidades autónomas. En Aragón, los agentes actuaron en Zaragoza y en Castejón del Puente, dentro de un amplio dispositivo que se extendió también a Madrid, Galicia, Asturias, Andalucía y la Costa del Sol.
Durante los registros, los investigadores intervinieron inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales preciosos, evidenciando la magnitud económica de la presunta actividad delictiva.
Cinco detenidos y un líder en prisión
La operación ha contado con la participación de más de 160 funcionarios y se ha saldado, hasta el momento, con la detención de cinco personas, consideradas responsables de la organización criminal. Entre ellas se encuentra uno de sus presuntos líderes, que ya ha ingresado en prisión. A todos se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción.
Un fraude escalonado a través de operadoras mayoristas
El origen de la investigación se remonta a mediados de 2024, cuando la Agencia Tributaria detectó un posible fraude cometido por un operador al por mayor que había comenzado a vender grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023. En ese momento, la normativa aún permitía a estas empresas presentar declaraciones trimestrales de IVA, con menores obligaciones de información.
Según los investigadores, esta primera operadora declaraba cuotas de IVA muy inferiores a las realmente devengadas, mientras inflaba el IVA soportado mediante el uso de empresas instrumentales, que eran las que facturaban formalmente a los clientes finales.
Tras su expulsión del Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef), la actividad fraudulenta continuó a través de una segunda y una tercera operadora, que operaron durante breves periodos entre octubre y diciembre de 2024. Solo la segunda habría defraudado 123 millones de euros en apenas un mes, antes de ser igualmente inhabilitada.
Una red diseñada para defraudar y ocultar fondos
Una vez expulsadas del mercado las tres operadoras principales, la investigación permitió destapar una estructura “vasta y compleja” orientada a dos fines: defraudar el IVA repercutido y no ingresado, y trasladar los fondos al extranjero para dificultar su trazabilidad.
La organización contaba con testaferros, asesoramiento legal y una estrategia de compra de sociedades ya dadas de alta en el Redef, lo que facilitaba un rápido reinicio de la actividad fraudulenta y una expansión casi inmediata por todo el país. Este mecanismo permitía ofrecer precios anormalmente bajos, distorsionando la competencia y concentrando el impacto económico en periodos muy cortos de tiempo.
Las actuaciones continúan abiertas con el análisis de la documentación incautada. En el operativo han participado, entre otros, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Vigilancia Aduanera y unidades especializadas en auditoría informática, con apoyo de equipos regionales, incluido Aragón, que queda así señalado en una de las mayores investigaciones recientes contra el fraude fiscal en el sector energético.

