Aragón rechaza acoger a 251 menores migrantes pese a los 3,6 millones del Ministerio
El Gobierno central ha propuesto repartir 3.975 menores extranjeros no acompañados en comunidades como Aragón, a la que asigna 251 plazas y 3,6 millones. El Ejecutivo autonómico considera la medida inviable.
El Ministerio de Juventud ha puesto sobre la mesa una nueva distribución nacional de menores extranjeros no acompañados, actualmente alojados en Ceuta, Melilla y Canarias. En total, 3.975 jóvenes serán reubicados en distintas comunidades autónomas. A Aragón le corresponden 251 menores, junto con una dotación económica de 3.614.850 euros para financiar su atención y acogida.
Según ha comunicado el propio Ministerio a través de fuentes oficiales, el objetivo es aliviar la presión que soportan los sistemas de acogida en los territorios fronterizos, especialmente en las islas, donde el número de menores alojados ha desbordado los recursos disponibles. La propuesta, que ya ha sido trasladada al Gobierno autonómico, plantea una cofinanciación estatal para habilitar nuevas plazas en los servicios sociales aragoneses.
Actualmente, Aragón dispone de 441 plazas habilitadas para este perfil de menores, de las cuales 364 están ocupadas. El reparto propuesto se apoya en criterios técnicos, principalmente de capacidad instalada, y en el marco del Real Decreto Ley aprobado para gestionar situaciones de emergencia migratoria. La cifra de menores asignados a Aragón es una de las más altas del nuevo reparto, lo que refleja, en opinión del Ministerio, que es una comunidad con capacidad de absorción y responsabilidad compartida.
RECHAZO ROTUNDO DESDE EL EJECUTIVO ARAGONÉS
Sin embargo, la respuesta desde Zaragoza ha sido clara: “inviable”. El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha anunciado que rechaza tanto la llegada de los 251 menores como la partida presupuestaria asociada, alegando que el sistema de protección autonómico está completamente saturado.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo aragonés ha asegurado que el goteo constante de menores extranjeros no acompañados, sumado a la llegada de jóvenes camuflados entre adultos dentro de programas de acogida humanitaria gestionados por el Gobierno de España, impide que puedan asumir más traslados. A ello se suma, denuncian, la escasez de profesionales y medios materiales, que harían imposible garantizar la atención adecuada a nuevos menores sin desatender a los ya acogidos.
Además, el Gobierno de Aragón ha criticado duramente el método seguido por el Ministerio. Consideran que la filtración previa a la Comisión que debe fijar el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia constituye una “maniobra política” que no atiende el interés superior del menor y persigue, aseguran, “tapar los escándalos del presidente Pedro Sánchez”.
UN DECRETO IMPUGNADO EN LOS TRIBUNALES
A nivel jurídico, el Ejecutivo autonómico recuerda que el Real Decreto Ley en el que se ampara el nuevo reparto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades, entre ellas Aragón. En su opinión, el decreto vulnera competencias autonómicas en materia de protección de menores y rompe los principios de solidaridad e igualdad entre territorios.
El texto legislativo fue aprobado en marzo como resultado de un acuerdo entre el Gobierno y formaciones como Junts, que exigieron excluir del reparto a comunidades como Cataluña y el País Vasco, argumentando que ya estaban tensionadas. Ambas han quedado finalmente fuera de la distribución, aunque la Generalitat ha anunciado que acogerá 31 menores de forma voluntaria.
Mientras tanto, la falta de consenso político y la presión sobre los servicios sociales continúan agravando una crisis migratoria que, en el caso de los menores no acompañados, exige soluciones urgentes y sostenidas.
