Aragón reduce los tiempos de espera en discapacidad: ahora la media es de 143 días
Aragón ha alcanzado un hito histórico en la gestión de los expedientes de discapacidad. Según los datos oficiales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), la media autonómica para tramitar un expediente se sitúa en 143 días, cumpliendo así por primera vez la normativa estatal que establece un máximo de seis meses para la resolución de estas solicitudes. Este logro, efectivo a partir del 1 de enero de 2026, supone una mejora notable en la eficiencia de los procesos administrativos y una reducción tangible de los tiempos de espera que afectan a miles de aragoneses.
El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, regula a nivel estatal el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Hasta ahora, Aragón había tenido dificultades para ajustarse a este marco temporal, con demoras que superaban los seis meses en numerosos casos. Sin embargo, los datos recientes muestran un avance sostenido durante todo 2025 que ha permitido alcanzar los estándares legales y mejorar la atención a la ciudadanía.
Actualmente, la lista de espera en la Comunidad Autónoma se cifra en 5.436 solicitudes, la cifra más baja registrada hasta la fecha. Este descenso se ha visto acompañado por un censo de 84.567 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, lo que refleja la relevancia social de esta gestión y el impacto directo sobre un amplio colectivo de la población aragonesa.
Desde el IASS destacan que uno de los factores que ha impulsado esta mejora es la digitalización de los procesos. En el último año, el uso de la vía telemática para presentar solicitudes se ha duplicado, pasando del 25% al 50% de los expedientes. Además, muchos de estos trámites digitales se complementan con la atención presencial en la sede del IASS, ubicada en la Plaza del Pilar de Zaragoza, lo que ha permitido agilizar la entrada de solicitudes y garantizar su correcta tramitación.
La demanda de reconocimientos alcanzó un pico en octubre de 2025, con más de 1.500 solicitudes registradas en un solo mes. Desde entonces, el flujo se ha estabilizado, situándose entre 1.200 y 1.400 solicitudes mensuales. Este equilibrio permite al Instituto planificar de manera más precisa los recursos necesarios para mantener la agilidad administrativa y cumplir los plazos establecidos por la ley, evitando acumulaciones y retrasos que afecten a quienes esperan su evaluación de discapacidad.
La mejora en los tiempos de tramitación no solo cumple con los requisitos legales, sino que también representa un avance significativo en términos de accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad. La reducción de los plazos contribuye a que los aragoneses puedan acceder con mayor rapidez a los beneficios y apoyos asociados a su grado de discapacidad, ya sea en casos de primera solicitud o en procesos de actualización de la calificación previamente otorgada.
Expertos en políticas sociales destacan que la combinación de digitalización, planificación de recursos y control del flujo de solicitudes constituye un modelo que puede servir de referencia para otras comunidades autónomas. La experiencia de Aragón demuestra que es posible cumplir con los plazos legales sin comprometer la calidad de la evaluación, ofreciendo un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.
