La Audiencia Nacional no admite los recursos de Aragón contra la Sectorial para el reparto de menores
La Audiencia Nacional ha inadmitido los recursos contencioso-administrativos presentados por el Gobierno de Aragón contra las dos convocatorias de la Conferencia Sectorial realizadas por el Ministerio de Juventud e Infancia los días 28 de abril y 5 de mayo, destinadas a tratar el reparto de menores migrantes no acompañados.
Según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Comunidad Autónoma de Aragón solicitaba que la Audiencia Nacional, previo planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, dictase una sentencia que estimase el recurso y declarase contrarios a derecho los actos impugnados, es decir, las convocatorias de las reuniones del 28 de abril —aplazada por un apagón— y del 5 de mayo.
No obstante, la Audiencia Nacional argumenta "falta de jurisdicción" para pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. La demanda se basaba en la supuesta inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias, y no en la legalidad de la convocatoria en sí.
Además, la Abogacía del Estado señaló que las convocatorias son actos de trámite, por lo que el recurso acumulado sería, por tanto, inadmisible.
El auto judicial también impone a la Comunidad Autónoma de Aragón el pago de las costas, con un importe total de 3.000 euros.
"Dentro de lo previsible"
La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha declarado que esta decisión judicial “entraba dentro de lo previsible”, pero ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá recurriendo todos los actos derivados de un real decreto que consideran “inconstitucional, injusto y arbitrario”.
Según Susín, el verdadero objetivo del Real Decreto no es la protección del menor, sino "favorecer a los socios de Pedro Sánchez para mantenerse en La Moncloa", en lugar de velar por el interés superior del menor, como debería hacerse en coordinación con las comunidades autónomas.
También ha enfatizado el “respeto absoluto” del Partido Popular a las decisiones judiciales, deseando que esa actitud también se adopte en la izquierda. Además, recordó que la Audiencia Nacional no ha entrado al fondo del asunto, ya que este corresponde al Tribunal Constitucional.
Por último, subrayó que la posición del Gobierno de Aragón no cambia tras esta resolución, y que el Real Decreto ya ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional.
