Azcón es nombrado persona 'non grata' por Junts y la extrema derecha independentista
El Parlamento de Cataluña ha aprobado recientemente una moción que declara persona 'non grata' al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. Esta decisión ha sido impulsada por Junts per Catalunya y ha contado con el respaldo de sectores vinculados al independentismo más radical, lo que ha suscitado una considerable controversia en el panorama político nacional.
La medida adoptada por la cámara catalana se enmarca en la respuesta a unas declaraciones realizadas por Azcón, en las que negó que el catalán sea una lengua propia de Aragón. Estas manifestaciones se referían específicamente al uso del catalán en la Franja de Ponent, una zona oriental de Aragón donde históricamente se ha hablado esta lengua. Desde Junts, estas palabras fueron interpretadas como un menosprecio a la realidad lingüística y cultural de la región y, por extensión, como una forma de negar la pluralidad lingüística del Estado español.
El texto aprobado en el Parlamento no tiene efectos jurídicos vinculantes, pero su carga simbólica es significativa. Declarar persona 'non grata' a una figura institucional como un presidente autonómico representa un gesto de desaprobación política contundente, que busca visibilizar el rechazo a unas declaraciones consideradas ofensivas hacia una parte del patrimonio cultural compartido entre Cataluña y Aragón.
Uno de los aspectos que ha generado un mayor debate ha sido el apoyo que la iniciativa de Junts ha recibido por parte de fuerzas de la derecha independentista, que tradicionalmente han adoptado una postura combativa en cuestiones de identidad lingüística. Este respaldo ha sido criticado por otras formaciones políticas, que cuestionan la coherencia de la alianza y advierten del riesgo de polarizar aún más un asunto que, de por sí, ya genera tensiones.
Desde el entorno de Jorge Azcón se ha minimizado el impacto de la moción, insistiendo en que sus declaraciones reflejan la posición oficial del Gobierno de Aragón respecto al estatus de las lenguas habladas en la comunidad. En ese sentido, se defiende que el aragonés y el catalán, aunque presentes en determinadas zonas, no tienen la consideración de lenguas propias en todo el territorio aragonés según la normativa vigente.
Por su parte, Junts ha justificado su iniciativa alegando la necesidad de defender la diversidad lingüística frente a lo que consideran discursos negacionistas. El grupo parlamentario ha insistido en que proteger el uso del catalán allí donde históricamente se ha hablado es una obligación tanto cultural como política, en consonancia con los valores del pluralismo y la convivencia.
El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el reconocimiento y la promoción de las lenguas cooficiales en España, así como la relación entre las distintas comunidades autónomas en materia de identidad cultural. También plantea interrogantes sobre los límites del discurso político y la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos públicos en contextos de diversidad territorial y lingüística.
En este contexto, diversos analistas han señalado la importancia de fomentar el diálogo entre administraciones, evitando que las diferencias culturales y lingüísticas se conviertan en motivos de enfrentamiento. Aunque el gesto del Parlamento no tenga repercusiones prácticas inmediatas, sí subraya el grado de sensibilidad que aún existe en torno a cuestiones de lengua e identidad en el Estado español.
