El Gobierno exige a Azcón a través de un requerimiento que implante el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este martes que el Gobierno ha remitido un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares por incumplir la implantación del registro de profesionales objetores de conciencia, un instrumento que —subrayó— es “una herramienta esencial que garantiza los derechos de los profesionales sanitarios” y cuya puesta en marcha es obligatoria para todas las comunidades autónomas. “No es algo opcional ni una ocurrencia, es una obligación legal”, remarcó.

El movimiento del Ejecutivo activa los plazos previstos en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): las comunidades disponen de un mes para responder al requerimiento o adoptar medidas que aseguren el cumplimiento. Durante ese periodo pueden justificar su situación, informar de trámites en curso o corregir el incumplimiento.

“Después de este requerimiento, pasado un mes, tenemos dos meses de plazo para acudir a los tribunales y plantear un contencioso-administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley”, recordó García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra advirtió, además, de que “saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, también vulnera los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción de conciencia”.

Tres comunidades en el punto de mira

García precisó que la inmensa mayoría de autonomías han cumplido con la obligación de implementar el registro o se encuentran en fase de trámite, con tres excepciones: Madrid, Baleares y Aragón. “Son tres comunidades que no han hecho nada, pero sólo la Comunidad de Madrid ha sido explícita en su incumplimiento de la ley”, señaló.

El registro de objetores busca disponer de un censo actualizado y garantista de profesionales que han decidido acogerse a la objeción en prestaciones sanitarias reguladas por ley, con el doble objetivo de ordenar los recursos y asegurar la atención sin dilaciones ni zonas de sombra.

Sanidad defiende que su existencia protege tanto a quien objeta —al formalizar su decisión con garantías— como a quien no lo hace, evitando presiones y asegurando que la organización de los servicios se ajuste a la disponibilidad real de personal.

“No es opcional ni una ocurrencia: es una obligación legal. Pasado el mes de requerimiento, iremos a los tribunales para que un juez obligue a cumplir la ley”,
— Mónica García, ministra de Sanidad.

Plazos y posibles escenarios

• Un mes de margen (desde la notificación) para que Madrid, Aragón y Baleares respondan o implementen medidas que subsanen el incumplimiento.

• Si no hay respuesta suficiente, el Ministerio de Sanidad dispondrá de dos meses adicionales para interponer un recurso contencioso-administrativo y solicitar medidas que obliguen al cumplimiento.

• Las comunidades pueden, en este tiempo, acreditar avances (tramitación normativa, desarrollo informático, protocolos internos) que permitan evitar el litigio si el Gobierno considera que corrigen la infracción.

Claves jurídicas y de gestión

El Departamento que dirige García insiste en que el registro no afecta a la libertad de conciencia, sino que articula su ejercicio en el sistema público. La fórmula es similar a otros instrumentos administrativos: inscripción voluntaria, individual y confidencial, con efectos meramente organizativos para garantizar las prestaciones sanitarias sin menoscabo de derechos.

Desde el punto de vista de gestión, Sanidad sostiene que la planificación asistencial —especialmente en áreas sensibles y con alta demanda— requiere conocer de antemano qué equipos pueden cubrir cada servicio. La falta de un registro —argumenta el Ministerio— deriva en incertidumbre para los centros y tensiones que, en última instancia, repercutirían en los pacientes y en los propios profesionales.