Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia: "Lo que lleva a la delincuencia no es la inmigración, sino la pobreza"

El año para la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, no ha comenzado de la mejor manera posible. El pasado martes, se hizo público que el Gobierno de España ha utilizado la base de Zaragoza para traer migrantes de Canarias en dos vuelos organizados desde el 31 de diciembre al 9 de enero. Una cuestión que agravó la relación entre Moncloa y la DGA. La consejera denunció la falta de transparencia por parte del Gobierno central y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, denunció que Sánchez "tiene algo que esconder" si no informa de estas situaciones.

Además de ello, también hay competencias de Susín que se encuentran el caldero informativo. La falta de personal en las residencias, la relación del PP con Vox ha empeorado por las discrepancias en asuntos de política migratoria y la falta de seguridad en el centro de menores de Juslibol. Todo ello envuelto en un asunto enquistado a nivel nacional: la falta de natalidad. En 2023, Aragón tuvo una tasa de 6,44 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A pesar de que está en mitad de la tabla respecto a otras comunidades autónomas, Aragón está muy lejos respecto a otras comunidades autónomas.

En una entrevista en su despacho, en la plaza del Pilar, Susín atiende a las preguntas de HOY ARAGÓN.

PREGUNTA -El Gobierno de España usó el aeropuerto de Zaragoza para movilizar migrantes por el resto del país. ¿Qué valoración hace? El presidente Azcón acusó a Moncloa de "ocultar algo”.

RESPUESTA: No nos pilló de sorpresa esta información porque viene siendo la tónica desde octubre de 2023 cuando llegaron los primeros 200 migrantes a Sabiñanigo sin que tuviéramos ninguna constancia. Hemos reclamado que haya coordinación, transparencia y lealtad institucional. Nosotros lo que pedimos es que el delegado del Gobierno nos informe en tiempo y forma y haya una colaboración. Hemos enviado dos cartas al Gobierno sobre esta situación, pero lo que hay detrás de todo esto es la falta de una política migratoria del Gobierno de España que improvisa constantemente.

-Asegura la DGA que no sabe cuántas personas migrantes hay en Aragón. ¿Es así realmente? Y si lo es, ¿cómo es posible que no haya comunicación o transparencia entre administraciones?

Salvo las personas migrantes que están empadronadas, desconocemos cuántas personas están en programas de asilo o refugiados. Los programas de acogida que tiene un  periodo corto de tres meses hay una rotación. Tenemos una foto fija, pero no sabemos cuantas personas han rotado por esos recursos ni dónde están.

-¿Usted considera que es un problema en crecimiento la delincuencia por parte de la migración ilegal?

Lo que lleva a la delincuencia no es la inmigración, sino la pobreza

-¿Cómo podría el gobierno aragonés garantizar una vida digna a estos migrantes que llegan en situaciones inhumanas? ¿Hay algún plan para darles un futuro profesional, con formación, trabajo, etc? 

El Gobierno de Aragón no tiene competencias en materia de migración. El Gobierno de Aragón presta la asistencia sanitaria y educativa.

-Vox tensa la relación con el PP de Azcón por las discrepancias con la migración. ¿Están las posturas de ambos partidos tan alejadas? ¿Cómo calificaría el trato de Vox a la migración ilegal?

Vox hace su discurso y no voy a entrar a valorarlo. 

-La implantación del Ingreso Mínimo Vital ha hecho que la ayuda complementaria del ingreso aragonés de inserción no esté teniendo el efecto deseado para reducir la pobreza en la comunidad. De hecho, el gobierno de Aragón es, junto al de Madrid, el que más recortó las rentas de inserción desde el inicio del IMV. ¿A qué se debe?

A que la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Aragón tenían una alta cobertura de rentas mínimas de inserción. El antiguo Ingreso Aragonés de Inserción cubría al 19% de la población por debajo del nivel de pobreza y hoy en día el Ingreso Mínimo Vital no llega al 1/% y por eso las comunidades autónomas que tenían mayor nivel de cobertura en rentas mínimas han descendido una vez que se ha incorporado el IMV.

-La consejería está actualizando el plan de emergencias de la comunidad, sobre todo tras el incendio en la residencia de Villafranca. ¿Cómo está avanzando este asunto?

El decreto está para regular los centros sociales y no solo las residencias, Nos comprometimos antes de Semana Santa la ley que regula las entidades públicas o privadas que prestan servicios. Ese es el marco del que hay que hacer descender del resto de la normativa: actualización de ratios, condiciones de habitabilidad...

Espero que antes de final de año tengamos aprobada la ley y exijo a la oposición una responsabilidad en cuestiones como esta que son tan importantes.

-Uno de los principales problemas de las residencias es la falta de personal, así lo indican los sindicatos. ¿Qué medidas puede concretar este Gobierno para incentivar una mayor ocupación en este sector?

Aquí ha pasado como en la sanidad. Si no se ha hecho trabajo tiempo atrás, pues nos encontramos con una falta de personal. Somos una comunidad despoblada de las comarcas y faltan personas cualificadas. Vamos a hacer todo ese trabajo que no se ha hecho durante los últimos años tanto en residencias como en el hogar de las personas mayores.

Necesitamos personas que estén dispuestas a trabajar y necesitamos formarlas, por lo que no es un problema que se vaya a solucionar a corto plazo.

-El centro de menores de Juslibol vive problemas casi a diario ¿Es necesaria una reestructuración del centro? Hay amenazas y golpes a los trabajadores por parte de los menores. La situación es insostenible.

No es nada nuevo y la única diferencia es que ahora hay dos conflictos laborales y están trascendiendo. Hay que tener en cuenta los perfiles que hay dentro. Hay demandas de los guardas de seguridad y hay demandas de los educadores sociales. Lo que tiene que hacer cada uno es hacer su trabajo, tanto los guardas de seguridad como los educadores, independientemente de las medidas que tomemos desde el Gobierno (...) El contrato de Juslibol va a salir pronto a licitación porque hubo que denunciarlo, ya que salió con un presupuesto muy bajo y la empresa que lo gestiona no es capaz de asumir ese presupuesto para dotar de mejores medios.

-Su Consejería se lleva buena parte del pastel de los presupuestos... ¿cómo puede afectar al departamento que aún no haya unas cuentas aprobadas para 2025? ¿Se ampliará la partida de su Consejería si se aprueban unos nuevos presupuestos?

En agosto de 2024 se aprobó un presupuesto con un incremento del 12%. Tenemos margen para la gestión.

-Uno de los principales problemas estructurales que tiene España es la falta de natalidad... ¿Qué medidas se pueden tomar para solventar el problema? ¿Se puede solucionar a corto plazo?

Las medidas son múltiples como la vivienda, el empleo de calidad... y no depende de esta Consejería, sino un plan conjunto de todas las instituciones.