La crisis de los menores migrantes tensa un 2025 entre dudas autonómicas y control judicial

La atención política, jurídica y social sobre los menores migrantes no acompañados ha marcado de forma clara la agenda pública en España a lo largo de 2025. Tras un periodo prolongado de bloqueo institucional y tensiones entre administraciones, el año ha estado definido por la aprobación de un sistema estatal de reparto entre comunidades autónomas y por la intervención reiterada del Tribunal Supremo, que ha recordado al Gobierno central sus obligaciones legales en materia de protección internacional de la infancia.

El desbloqueo del reparto territorial

El principal punto de inflexión se produjo en marzo, cuando el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Junts para redistribuir a unos 4.000 menores migrantes que permanecían en Canarias, uno de los territorios más tensionados por la llegada de este colectivo. El pacto se materializó en un real decreto-ley, convalidado en abril por el Congreso de los Diputados, que introdujo cambios en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y fijó criterios objetivos para el reparto en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

El Gobierno defendió la norma como una herramienta necesaria para garantizar el interés superior del menor y evitar que la presión migratoria recaiga de forma desproporcionada sobre determinados territorios, una situación que se había repetido en los últimos años.

La capacidad ordinaria del sistema de acogida

Ese marco se completó en agosto con la aprobación del real decreto que define la capacidad ordinaria de acogida de los sistemas autonómicos de protección de menores no acompañados. El texto fija una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes como referencia para todo el país y establece que aquellas comunidades que tripliquen esa capacidad puedan ser declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, activando automáticamente los mecanismos de traslado.

Según los datos oficiales, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran la mayor capacidad ordinaria de acogida, mientras que otras comunidades se sitúan en niveles intermedios o bajos, lo que ha alimentado el debate sobre la equidad del sistema y la suficiencia de los recursos disponibles.

Aragón ante el nuevo modelo

En este contexto, Aragón cuenta con una capacidad ordinaria de acogida de 441 plazas, una cifra que sitúa a la comunidad en una posición intermedia dentro del conjunto estatal. El nuevo sistema de reparto implica que Aragón pueda recibir menores trasladados desde territorios en situación de saturación, al tiempo que obliga a planificar recursos sociales, educativos y residenciales suficientes para garantizar su atención.

Desde el punto de vista institucional, el debate en Aragón se ha centrado en la capacidad real de los servicios de protección y en la necesidad de una financiación adecuada para asumir nuevas derivaciones sin tensionar el sistema autonómico. La aplicación del real decreto ha situado a la comunidad dentro de un esquema de corresponsabilidad estatal que, por primera vez, fija criterios homogéneos para todas las autonomías.

La presión del Tribunal Supremo

De forma paralela al despliegue normativo, el Tribunal Supremo ha desempeñado un papel determinante en relación con los menores migrantes solicitantes de asilo. A lo largo de 2025, el alto tribunal ha dictado hasta tres autos en los que recuerda al Gobierno central su obligación de asumir directamente, con medios propios, la tutela de estos menores.

El primer pronunciamiento se produjo en marzo, en relación con cerca de un millar de menores en Canarias. Ante la falta de una respuesta completa, el Supremo volvió a intervenir en junio, advirtiendo de posibles sanciones coercitivas, y en octubre fijó un nuevo plazo improrrogable. El Ejecutivo dio por cumplido uno de estos mandatos en noviembre, tras ofrecer 817 plazas.

Sin embargo, en diciembre el tribunal volvió a requerir al Gobierno que, en un plazo de 30 días, se haga cargo de los menores solicitantes de asilo atendidos por la Comunidad de Madrid, insistiendo en que todas las actuaciones deben desarrollarse bajo el principio del interés superior del menor y con cooperación entre administraciones.

El debate social y el uso del término “mena”

Al cierre del año, el debate se ha extendido también al plano lingüístico y social tras la decisión de la Real Academia Española de recoger en su diccionario el uso despectivo del acrónimo “mena”. La inclusión ha generado críticas por parte del Gobierno y de organizaciones sociales, que consideran que el término contribuye a una visión estigmatizante de estos menores.

Desde el Ejecutivo se ha reconocido, no obstante, que la RAE actúa como reflejo del uso social del lenguaje, mientras que las ONG han insistido en la necesidad de un enfoque comunicativo que priorice la protección de la infancia y evite la deshumanización.

Con el sistema de reparto ya en marcha, la supervisión judicial activa y el debate social abierto, 2025 se cierra como un año clave en la redefinición del modelo de atención a los menores migrantes no acompañados en España, un proceso en el que Aragón queda integrado como parte de una respuesta estatal más estructurada, pero aún sujeta a ajustes y evaluaciones en los próximos meses.