La DGA inicia una batalla judicial por el reparto de migrantes: "No vamos a ser insumisos"
El Gobierno de Aragón pone toda la carne en el asador ante el acuerdo de Moncloa con Junts por reparto de migrantes. La vicepresidenta del Ejecutivo regional Mar Vaquero, ha anunciado este jueves que la DGA presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley propuesto en esta materia: "No vamos a ser insumisos y esperamos que esta medida no prospere", ha reafirmado.
Desde el Gobierno aragonés creen que con este acuerdo se "dinamita el principio el principio de igualdad". Además, ha asegurado que presentarán todos los recursos que sean necesarios para que la ley no se tramite.
"Una vez más, el presidente Sánchez ha decidido poner precio a todos estos menores y es el peaje que paga por continuar en la Moncloa", ha apuntado Vaquero en una rueda de prensa en la Consejería de Educación.
A pesar de que el recurso de inconstitucionalidad no paraliza el trámite, se recurrirá además los actos administrativos en relación con este acuerdo.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, también ha señalado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario que "tenemos que conocer con qué cartas del juego está jugando cada comunidad". A pesar de ello, sospecha que no se está siendo realista con los datos aportados desde el Ejecutivo central: "No sabemos qué datos está certidficando Cataluña ¿Nos lo creemos? ¿Los tenemos que dar por bueno?".
En su opinión, con la solución propuesta, el Gobierno de España "despliega a todos los inmigrantes de una forma indiscriminada a las Comunidades Autónomas sin tener en cuenta cuestiones claramente humanitarias".
"No se está teniendo en cuenta ni siquiera los derechos de la infancia de estos menores"; ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno este viernes.
Pese a que es un proceso largo, el Gobierno ya ha iniciado la batalla judicial en el que la DGA se opone totalmente a este acuerdo.
"Desde luego, no vamos a colaborar con una medida que consideramos que es totalmente lesiva para los intereses de los menores y que va en contra también de cualquier principio de legalidad y solidaridad", ha agregado la titular de Bienestar Social y Familia.
Con respecto a cómo aliviar la presión en los servicios de acogida en Canarias o Ceuta, la vicepresidenta aragonesa ha remarcado que estas competencias corresponden al Gobierno de España, que ha demostrado que "no tiene absolutamente ningún tipo de política migratoria" y "ha arrastrado a las Comunidades Autónomas a asumir unas competencias que no tienen en unas condiciones muy complicadas".
"Tiene que ser el Gobierno de España el que planifique, el que piense cómo afrontar esta crisis migratoria", ha remachado, tras criticar que "es imposible llegar a acuerdos" en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
