La DGA recurre por inconstitucionalidad el reparto de migrantes: "Llegaremos hasta donde haga falta"

El Gobierno de Aragón saca el armamento contra el Ejecutivo central por la propuesta del reparto de migrantes. Este martes, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha anunciado que la DGA ha presentado un recurso de inconstitucionalidad porque atenta contra "la igualdad y la solidaridad entre las comunidades autónomas".

A la espera de que toda la red vuelva al orden tras el apagón, el Ejecutivo aragonés será la primera comunidad autónoma que presente este recurso de manera oficial.

"Recurriremos hasta donde haga falta, llegando a instancias europeas", ha afirmado la titular de Bienestar Social y Familia.

La consejera Susín ha explicado que el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley se plantea en dos niveles. Por un lado, se recurre el texto en su conjunto, al considerar el Gobierno de Aragón que existe una unidad de sentido y una identidad de razón que hacen que el decreto sea inconstitucional en su totalidad. Por otro lado, y de manera subsidiaria, se impugnan casi todos los preceptos de forma individual —el artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda, y las disposiciones finales primera y segunda— al entender que cada uno de ellos presenta vicios específicos de inconstitucionalidad.

“El texto en su conjunto resulta inconstitucional”, ha afirmado, y además, “todos sus preceptos incurren en defectos concretos que vulneran la Constitución.”

Susín también ha señalado que el procedimiento utilizado por el Gobierno central "no es el adecuado para regular cuestiones que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas", como es el caso de los menores extranjeros no acompañados, cuya regulación, ha recordado, "debe hacerse a través de una ley orgánica."

"En el recurso se pone de manifiesto que esta normativa impone una reubicación forzosa de los menores sin el consenso necesario entre las comunidades autónomas"; ha asegurado la consejera en una rueda de prensa.

Desde la DGA señalan que esta medida, sin estar pactada con las regiones, únicamente se ha acordado con los independentistas catalanes.

"Además de ser inconstitucional, es injusto por parte de quien quiere gobernar España desde Bruselas", ha apuntado la consejera en el Pignatelli.

En la misma línea, Susín ha señalado que para acoger más migrantes es necesario una mayor financiación a las comunidades autónomas para tener los recursos necesarios para que se cumplan sus necesidades: escolarización, hogar, educación...

"Con este recurso, refrendamos lo que llevamos defendiendo desde hace semanas y es que no vamos a ser partícipes de ningún acuerdo basamos en la xenofobia", ha asegurado con rotundidad la titular de Bienestar Social en el Gobierno de Aragón.

Señalan que la propuesta que se ha hecho desde la Moncloa ha sido diseñada para Cataluña: "Todo a cambio de sostener a Pedro Sánchez en el poder".

Desde el Gobierno de Aragón denuncian que se llegue a acuerdos con Moncloa un partido cuyo líder está huido de la justicia.

Además, lo hace "amparándose en una norma que dinamita los consensos", ha continuado Susín, recalcando que el reparto "siempre tiene carácter voluntario en aras al principio de coordinación en el que se celebran las Conferencias Sectoriales"

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia han recordado que el Decreto establece que es la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la que debe acordar por unanimidad los criterios de reparto. En caso de no alcanzarse dicho acuerdo, se aplica el artículo 35 bis, lo que, en la práctica, supone imponer unos criterios diseñados a medida de Cataluña.

Este recurso contra la convocatoria de la Conferencia Sectorial se suma al ya presentado para impugnar el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia, que solicitaba la remisión de datos sobre las plazas disponibles y la ocupación de los centros de menores en Aragón. Dicho requerimiento fue el primer acto administrativo derivado del Real Decreto-ley.

En cuanto a la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Aragón en ese primer litigio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido el procedimiento, a la espera de resolver la solicitud de inadmisión del recurso presentada por el Estado el pasado viernes.