La Diabla de Caspe se sienta en el banquillo: un macrojuicio por un amplio catálogo de delitos
La Audiencia Provincial de Zaragoza acogió este lunes la apertura del juicio contra Leudis Isaac C. C., alias ‘La Diabla’ o ‘Donatella’, a quien la Fiscalía sitúa al frente de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres que habría operado en Caspe entre 2016 y 2021, junto a otros once presuntos integrantes.
El proceso se desarrollará hasta el viernes y aborda un amplio catálogo de delitos: tráfico ilegal de personas, delitos relativos a la prostitución, blanqueo de capitales, agresión sexual, tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas. En conjunto, el Ministerio Público solicita 603 años de cárcel para el conjunto de los procesados.
La acusación: captación en el extranjero y deudas “impuestas” a las víctimas
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en la cúspide de la organización figuraban ‘La Diabla’ y Pierre Andre C., quienes supuestamente captaban a mujeres en el extranjero, las introducían en Europa y, ya en España, les comunicaban que habían contraído una deuda que debían saldar prostituyéndose. Las víctimas, siempre de acuerdo con la tesis fiscal, eran recluidas en locales controlados por la trama y vigiladas de cerca.
En Caspe, el núcleo de operaciones habría sido el club Los Almendros, cuya gerente sería Luminita P.. Allí trabajaban también Flavius L. J. y Radu M. D., presuntamente encargados de trasladar a las mujeres. Para el blanqueo de las ganancias, la Fiscalía señala negocios vinculados a la red: la pizzería Lemamax, el gimnasio Cutler y el restaurante Meridiano Cero, este último propiedad de Lubomir M. y posteriormente traspasado a Costel M. M.
Red transnacional y documentación de entrada
El Ministerio Público implica además a Juan Manuel A. R. como presunto redactor de “cartas de invitación” necesarias para que las víctimas pudieran viajar a España, documentación que habría remitido Valeria Silvina V. F. La acusación sitúa ramificaciones de la red en otros puntos, como Barcelona y Alemania, lo que refuerza, a ojos de la Fiscalía, el carácter transnacional del entramado.
Calendario del juicio y defensa
El tribunal ha organizado las sesiones en bloques temáticos. Este martes están citados los agentes que participaron en la investigación; el miércoles se reproducirán pruebas audiovisuales y documentales; el jueves está previsto que declaren los acusados; y el viernes se reservará a las conclusiones de las partes. La causa cuenta con varias defensas letradas —Juan Carlos Macarrón, Javier Catalán, Joaquín Tortajada, Teresa Arpal, Elena Gabarre y María Riera, entre otros— y, de acuerdo con fuentes jurídicas, no se esperan pronunciamientos de fondo hasta completar la práctica de la prueba.
Delitos y penas solicitadas
El marco penal que se discute es de máxima gravedad. La calificación provisional incluye trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, blanqueo de capitales, agresión sexual, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La petición acumulada de la Fiscalía asciende a 603 años de prisión, cifra que refleja la sumatoria de delitos, hechos independientes y posibles agravantes atribuidos a los distintos investigados.
Contexto y cautelas
La investigación sitúa el periodo de actividad de la red entre 2016 y 2021, con Caspe como centro operativo y apoyos empresariales que, según la acusación, habrían servido para integrar en la economía legal beneficios ilícitos. No obstante, mientras no haya sentencia firme, rige la presunción de inocencia para todos los acusados.
El juicio oral permitirá contrastar las tesis de acusación y defensa, así como valorar testimonios policiales, documentación incautada y pruebas recuperadas durante los registros. Tras las conclusiones del viernes, el tribunal quedará en visto para sentencia, que se notificará en las próximas semanas.
