Los ecologistas que llevaban años avisando de Forestalia: "Nos llamaban alarmistas y extremistas"
El caso Forestalia ha abierto una herida que va mucho más allá de la empresa investigada. Varias plataformas ecologistas y en defensa de los paisajes de Aragón se reunieron este jueves en rueda de prensa para exigir la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia —tanto los tramitados por el Estado como por la Comunidad Autónoma— y el desmantelamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), al que no dudaron en rebautizar como el "Instituto Aragonés de Gestión para los Amigos".
Javier Oquendo, de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel; Carlos López, de Ecologistas en Acción; y Juan Antonio Gil, de la Asamblea Canal Roya y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, fueron los portavoces de una sociedad civil que lleva años denunciando lo que ahora investigan los tribunales.
"Hace tiempo que sospechábamos": la indignación de quienes alertaron primero
"Hace tiempo que sospechábamos de estas irregularidades", arrancó Oquendo, quien lleva años combatiendo el Clúster del Maestrazgo junto a su plataforma. Su indignación no es solo por lo que se ha descubierto, sino por el tiempo que ha tardado en salir a la luz. Desde el primer momento, explicó, veían que "no cuadraban" las declaraciones de impacto ambiental con el impacto real sobre el territorio. Las alertas llegaron tanto a la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio como al Gobierno de Aragón a través del Inaga, y en ambos casos fueron ignoradas.
Oquendo instó a la Justicia a que "llegue hasta sus últimas consecuencias" y alertó del riesgo de que la investigación interna anunciada por la ministra Sara Aagesen acabe "en una patada para adelante". Su sospecha es que se busque una víctima visible —apuntó al exalto cargo investigado, Eugenio Domínguez— sin llegar a los verdaderos responsables: "Es un jubilado que no firmaba nada. Lo hacía su jefa, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental. Si tú eres director de ese departamento y no sabes nada, la verdad es que es un poco sospechoso". Sin dar nombres, fue claro: "Habrá que seguir tirando hacia arriba".
El Inaga, en el punto de mira: «No debería estar funcionando»
Carlos López, de Ecologistas en Acción, fue especialmente contundente con el Inaga. El organismo autonómico encargado de los expedientes ambientales ha sido señalado como parte del problema, no de la solución. López reclamó su sustitución por un órgano público que ejerza "un control más activo sobre los procesos medioambientales y sociales" y denunció que el modelo de fragmentación de proyectos no es exclusivo del Maestrazgo.
Puso el foco sobre otro proyecto de Forestalia hasta ahora menos visible: el Clúster del Cinca, en la provincia de Huesca, que prevé generar 110 megavatios y que "se subdividió en seis proyectos para saltarse la ley nacional". Todos ellos están recurridos y alegados y, según López, también hay un proceso penal abierto sobre el asunto. El patrón, denunció, es el mismo: fragmentación artificial para esquivar controles, declaraciones de impacto ambiental favorables y proyección territorial masiva sobre zonas de alto valor ecológico.
Juan Antonio Gil, de la Plataforma en Defensa de las Montañas, desmentió además a Azcón, quien este miércoles dijo que "había que investigar en Madrid". "Los informes venían desde Aragón", replicó Gil, que recordó que la Dirección General de Energía y Minas llegó a emitir "tres declaraciones en dos días, incluido un sábado, cuando no trabaja nadie". Autorizó, además, "proyectos que están caducados".
"No son momentos de comisiones"
Las tres plataformas mostraron también su escepticismo ante la avalancha de propuestas parlamentarias para crear comisiones de investigación. Oquendo fue directo: la comisión que ya se constituyó en las Cortes de Aragón sobre la implantación de las renovables "fue un fraude" que sirvió "para desviar la atención más que para entrar y profundizar". Sus conclusiones fueron "un auténtico fracaso" y teme que una nueva comisión acabe siendo "para volver a repetir lo que ya se hizo y volver a callar".
Gil fue aún más escueto: "No son momentos de comisiones". Lo que necesita la Administración, dijeron, es personarse en las causas judiciales y presentar denuncias. Las acciones tienen que ser jurídicas, no parlamentarias.
El fantasma del caso Castor
El momento más inquietante de la rueda de prensa llegó al final, cuando Oquendo dirigió un mensaje directo a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), el fondo de inversión escandinavo que está detrás del Clúster del Maestrazgo, pidiéndole que se retire del proyecto. "Si se declaran tan verdes, eso es lo que tendrían que hacer", dijo. Pero no cree que lo hagan: han invertido una cantidad de dinero "descomunal" y no están dispuestos a perderla.
Ese escenario le recuerda al Proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona que fue paralizado tras provocar una serie de microterremotos y cuya indemnización a la empresa (ACS) acabó costando más de 4.000 millones de euros a los contribuyentes españoles. "Todo ese dinero CIP no lo va a perder por las buenas", advirtió Oquendo. Si el paralelismo se confirma, las consecuencias económicas para el Estado podrían ser de una magnitud similar.
