El escándalo renovable que sacude Aragón: así tramitó Forestalia el Clúster del Maestrazgo
En el corazón de la comarca turolense del Maestrazgo, uno de los territorios con mayor valor paisajístico y ecológico de España, se proyectó uno de los complejos de energías renovables más ambiciosos del país, llamado el Cluster del Maestrazgo. Lo impulsó Forestalia, la compañía fundada por el aragonés Fernando Samper, uno de los grandes grupos del sector en España, con sede en Zaragoza.
Y lo que parecía una historia de éxito del modelo renovable español se ha convertido en un caso judicial que sacude al sector y que esta semana ha sumado un nuevo episodio: el juez instructor ha aplazado sin fecha la vista de medidas cautelares para paralizar las obras del Cluster del Maestrazgo por no poder determinar aún qué partes se verían afectadas por una eventual paralización del proyecto.
Pero para entender por qué ese aplazamiento importa, hay que entender primero por qué el Clúster del Maestrazgo lleva años en el centro de la polémica.
La tramitación que lo puso en el punto de mira
El Clúster del Maestrazgo no es un único parque renovable sino un conjunto de instalaciones de energía eólica y solar que Forestalia articuló a través de proyectos individuales -troceados e identificados como individuales para saltarse la exigencia medioambiental- con un máximo de 50 megavatios cada uno. Ese umbral no es casual: por debajo de esa potencia, la tramitación administrativa es más ágil y los controles medioambientales menos exigentes que los que se aplican a los grandes parques. Para las asociaciones locales y para Teruel Existe, el gran impulsor político de esta cruzada contra Forestalia, esa fragmentación no fue accidental sino una estrategia deliberada para esquivar los requisitos de los proyectos de mayor envergadura.
Las declaraciones de impacto ambiental favorables que obtuvo el proyecto a pesar de las denuncias de los pueblos afectados alimentaron aún más las sospechas. Los vecinos del Maestrazgo alertaron desde el principio de los impactos negativos sobre el paisaje, la fauna y los recursos hídricos de una comarca que había apostado por el turismo rural y la ganadería extensiva como motores económicos. Sus protestas no frenaron el proceso administrativo.
La Guardia Civil entra en escena
El caso dio un vuelco cuando la UCOMA —Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil— elaboró un informe pericial sobre el Clúster del Maestrazgo que puso bajo sospecha la tramitación del proyecto. Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, una intervención que sacudió al sector renovable español y que abrió un procedimiento judicial que sigue su curso.
El informe de la UCOMA es precisamente el documento sobre el que el juez instructor debe pronunciarse en la vista de medidas cautelares que acaba de aplazarse. El magistrado ha reconocido en una providencia que "no está en disposición de determinar adecuadamente las partes que pudieren verse afectadas" por una eventual paralización, y ha dado cinco días a acusaciones e investigados para que identifiquen qué personas físicas o jurídicas deben ser citadas. El objetivo es evitar que cualquier resolución pueda ser declarada nula por la ausencia de algún afectado. Hasta que ese proceso concluya, no habrá nueva fecha para la vista.
Quién pide la paralización y por qué
Teruel Existe, Izquierda Unida, Vox y Chunta Aragonesista han solicitado la suspensión cautelar no solo del Clúster del Maestrazgo sino de todos los proyectos de Forestalia que obtuvieron una declaración de impacto ambiental favorable. El argumento es el principio de precaución: si hay indicios de un posible delito medioambiental, la ley obliga a detener las actuaciones para evitar daños irreversibles en el territorio. La formación turolense ha ido más lejos y ha pedido dimisiones por el caso, además de reclamar la creación de una Agencia Aragonesa Anticorrupción.
La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha dirigido su petición directamente a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, exigiendo la paralización del clúster hasta que concluyan todas las investigaciones judiciales en curso, que se siguen en distintos tribunales. La dispersión de procedimientos da una idea de la complejidad del entramado jurídico que rodea al caso. En este punto, el gobierno actual de Pedro Sánchez ha pedido una revisión a fondo de los proyectos impulsados por Forestalia para ser suspendidos si se detecta alguna irregularidad.
Un debate que va más allá de Aragón
El caso Forestalia ha abierto un debate que trasciende las fronteras aragonesas. España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos de inversión en energías renovables, y la velocidad a la que se han tramitado algunos proyectos ha generado fricciones en múltiples territorios. El modelo de fragmentación de proyectos para reducir umbrales administrativos no es exclusivo del Maestrazgo: se ha utilizado en otras comunidades autónomas y ha sido denunciado por organizaciones ecologistas y plataformas ciudadanas en distintos puntos del país.
La pregunta que subyace al caso es de calado: ¿cómo se garantiza que la transición energética no se haga a costa del patrimonio natural y de los derechos de las comunidades locales? El Maestrazgo, con su paisaje intacto y su historia de despoblación, se ha convertido en el escenario donde esa tensión se está dirimiendo ante los tribunales.
